Comienza la campaña para la declaración de la Renta 2023. Te ayudamos a optimizar este impuesto para pagar lo mínimo obligatorio. Consúltanos y te ayudaremos.

Empelado trabajando con un café y su portátil

Adaptamos el asesoramiento laboral a cada empresa. **Nuestro objetivo dar respuesta a la totalidad de los problemas y situaciones que se producen en el ámbito laboral**, aportando soluciones a nuestros clientes.

**Asesoría Viguria** está compuesta exclusivamente por profesionales de reconocido prestigio, en todas las áreas.

Icono de servicio de Documentación Laboral

Para la gestión de la documentación laboral, contar con el apoyo de una asesoría laboral especializada es fundamental.

La gestión de las nóminas es una de las tareas más importantes en cualquier empresa.

Icono de servicio para Inspecciones de Trabajo

Entendemos que la gestión adecuada de las inspecciones de trabajo es fundamental para asegurar el cumplimiento de las normativas laborales.

Acompañamos a nuestros clientes en otros procesos laborales habituales.

Nuestros expertos en derecho laboral están a tu disposición para brindarte asesoramiento y **gestión en todas las áreas de Recursos Humanos**, desde la contratación hasta la prevención de riesgos laborales.

Con nosotros, **puedes estar seguro de que tu negocio está en buenas manos** y que cuentas con un equipo de profesionales dedicados a ayudarte a lograr el éxito empresarial. 

A continuación, te presentamos una **lista de nuestros servicios laborales**, diseñados para satisfacer todas tus necesidades en materia de gestión de personal y relaciones laborales.

Interior de una clase el primer día de colegio

Con la llegada inminente de septiembre, un mes que connota el regreso a las aulas para los más jóvenes, los padres se encuentran en pleno ajetreo de preparativos, desde la adquisición de material escolar hasta la selección de libros y uniformes. Sin embargo, este año trae consigo un cambio significativo: en junio pasado, se aprobó un Real Decreto que introduce la posibilidad de solicitar un permiso laboral de hasta ocho semanas para el cuidado de menores durante este crucial período.

Esta innovación, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, bajo el liderazgo de Ione Belarra, fue ratificada en el Consejo de Ministros hace varios meses, con la finalidad de favorecer la anhelada conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales en España.

Este flamante permiso laboral se inscribe en un conjunto de tres nuevos tipos de permisos que ya están entrando en vigor, entre los cuales destaca uno de especial importancia: un permiso de hasta ocho semanas para atender el cuidado de hijos e hijas. El decreto establece que "las personas trabajadoras tendrán derecho a un permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años."

Es importante resaltar que la duración de este permiso no puede exceder las ocho semanas, ya sean de forma continua o intermitente. Esto permite su disfrute tanto a tiempo completo como en régimen de jornada a tiempo parcial, adaptándose a las necesidades y circunstancias particulares de cada familia. La regulación específica de su aplicación se encuentra contemplada en las disposiciones reglamentarias.

Este permiso no conlleva compensación económica alguna y está diseñado para situaciones como el cuidado de los menores durante los meses de verano o, precisamente, para facilitar la conciliación con el regreso al colegio en septiembre, entre otros posibles escenarios.

El carácter del permiso es individual e intransferible, aplicándose por igual a trabajadores hombres y mujeres. Según el nuevo marco normativo, corresponde a la persona trabajadora establecer las fechas de inicio y finalización del permiso, así como los períodos de disfrute. Esto debe comunicarse a la empresa con una antelación de diez días, o el plazo estipulado por los convenios colectivos, teniendo en cuenta las necesidades organizativas de la empresa y la situación personal de la trabajadora o trabajador. Situaciones de fuerza mayor serán excepcionales a este requisito.

En esencia, este nuevo permiso laboral se convierte en un instrumento valioso para permitir a los padres conciliar su vida profesional con el apoyo y cuidado de sus hijos e hijas, especialmente en épocas tan trascendentales como el regreso a la rutina escolar. Como un paso hacia adelante en la búsqueda de un equilibrio más armónico entre la esfera laboral y familiar, este decreto refleja un compromiso con el bienestar y el progreso social en España.

Móvil con aplicaciones de las redes sociales

¿Qué podemos hacer para proteger nuestros datos personales?

En el contexto de una sociedad cada vez más digitalizada, se vuelve crucial que las autoridades públicas promuevan la equidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno virtual. En este sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD) desempeñan un papel primordial al establecer y salvaguardar los derechos de los usuarios en relación con sus datos personales en las redes sociales.

La LOPDGDD, con su enfoque en proteger los derechos digitales, amalgama las disposiciones del RGPD. A través de estas regulaciones, se consagran diversos derechos que confieren a los usuarios un control significativo sobre sus datos personales en el ámbito de las redes sociales. Aquí presentamos un análisis amplio de algunos de los derechos clave:

Según el artículo 15 del RGPD, los individuos tienen el derecho de recibir confirmación sobre si sus datos personales están siendo procesados y acceder a esta información a través de sistemas de acceso remoto y seguro. Este derecho es extendido en el artículo 13 de la LOPDGDD, el cual estipula que este acceso debe ser otorgado de manera directa y continua.

El artículo 16 del RGPD establece que las personas pueden corregir datos personales inexactos o completar información incompleta. Correspondientemente, el artículo 14 de la LOPDGDD especifica que los usuarios deben indicar qué datos requieren corrección y proporcionar documentación respaldatoria de la inexactitud.

El artículo 17 del RGPD confiere a los usuarios el derecho de solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios para los fines del tratamiento, o si el procesamiento de dichos datos es ilegal. Esto se aplica a menos que existan obligaciones legales o razones de interés público que justifiquen la retención. La LOPDGDD también incorpora este derecho.

El artículo 17 del RGPD garantiza a las personas el "derecho al olvido" en la esfera digital, permitiéndoles solicitar la eliminación de enlaces o información personal que pueda causarles perjuicio. Esto se refuerza en el artículo 93 del RGPD.

El artículo 32 de la LOPDGDD establece la obligación de bloquear datos cuando sea necesario rectificarlos o suprimirlos. Esto involucra la identificación y reserva de los datos, con acceso restringido, excepto para ciertas entidades legales.

Los usuarios pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en ciertas circunstancias, como cuando se cuestiona la exactitud de los datos, o cuando el procesamiento es ilícito, pero el usuario se opone a la supresión.

Según el artículo 20 del RGPD, los usuarios tienen el derecho de recibir sus datos personales y transferirlos a otro responsable, siempre que el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato. Esto fomenta la movilidad de los datos y la transparencia.

 

Estos derechos reflejan un esfuerzo por empoderar a los usuarios en el ámbito digital, otorgándoles control y privacidad sobre sus datos personales. Es imperativo que las plataformas digitales respeten y cumplan con estas regulaciones para garantizar la seguridad y la confianza de los usuarios en el mundo en línea.

Efecto de ordenador de la película Matrix

El panorama laboral se enfrenta a desafíos continuos, y en este escenario, la pregunta que surge es: ¿Puede solicitarse un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por Fuerza Mayor en el caso de un ataque informático? Este cuestionamiento adquiere importancia en un mundo cada vez más digitalizado, donde las vulnerabilidades cibernéticas pueden tener un impacto significativo en la operación de las empresas. La jurisprudencia ha abordado esta cuestión, y resulta vital explorar sus implicaciones en el marco laboral.

La fuerza mayor en el ámbito laboral se refiere a situaciones donde se imposibilita trabajar debido a un suceso imprevisible o previsible pero inevitable, que exime a los empleadores de sus obligaciones laborales, incluyendo el pago de salarios. El Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, junto con el Estatuto de los Trabajadores, establecen el marco legal para la solicitud y autorización de ERTE por Fuerza Mayor.

El desafío reside en si un ataque informático puede cumplir con los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad necesarios para ser considerado como fuerza mayor. Dos sentencias de la Audiencia Nacional (SAN) han abordado este tema. En el caso de SAN n.º 37/2022, la AN reconoció un ERTE por Fuerza Mayor debido a un ciberataque en una empresa de Contact Center. La AN argumentó que el ataque tenía la suficiente contundencia para operar como causa obstativa plena, ya que imposibilitó objetivamente a los trabajadores prestar servicios.

Por otro lado, en SAN n.º 67/2023, se cuestionó la posibilidad de considerar un ciberataque como fuerza mayor. La AL argumentó que un ataque informático no es un acontecimiento imprevisible e inevitable, ya que es un riesgo previsible dada la naturaleza digital de la actividad empresarial. Sin embargo, la AN consideró que la empresa demostró que adoptó medidas preventivas adecuadas y que el ataque tuvo una sofisticación suficiente para que su entrada no se hubiera podido identificar.

El proceso de solicitud de un ERTE por Fuerza Mayor involucra la presentación de una solicitud a la autoridad laboral competente, acompañada de pruebas que respalden las causas alegadas. Se debe informar simultáneamente a la representación legal de los trabajadores y proporcionar datos específicos de los trabajadores y centros afectados, así como una explicación detallada de las causas y pruebas que las respalden.

La posibilidad de solicitar un ERTE por Fuerza Mayor debido a ataques informáticos sigue siendo una cuestión que requiere análisis detallado en cada caso. Las sentencias de la Audiencia Nacional han proporcionado claridad sobre la viabilidad de esta solicitud, destacando la importancia de la imposibilidad objetiva de trabajar y la sofisticación del ataque. En un mundo en el que la tecnología desempeña un papel central en la operación empresarial, la intersección entre el derecho laboral y la ciberseguridad continúa evolucionando, y las empresas deben estar preparadas para enfrentar estos desafíos desde un enfoque legal sólido.

Trabajadores de la construcción subiendo por la escalera de una grúa

En un constante esfuerzo por optimizar el panorama laboral y promover la contratación, se ha anunciado un conjunto de modificaciones significativas en los incentivos a la contratación laboral, con efectividad a partir del 1 de septiembre de 2023. Esta serie de cambios, abarcando los ámbitos fiscal, mercantil, laboral, civil y legal, buscan reconfigurar el terreno laboral y alentar la generación de empleo de calidad. A continuación, profundizamos en las novedades clave:

Las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social recibirán un ajuste sustancial. Las bonificaciones anteriores serán mantenidas hasta su culminación, siempre y cuando se cumplan los requisitos originales. No obstante, la mayoría de las bonificaciones existentes hasta la fecha serán derogadas. Se conservarán y modificarán aquellas aplicables a personas al servicio del hogar, personas con discapacidad, empresas de inserción, personal investigador y sustitución de víctimas de violencia de género o sexual que suspendan su trabajo o utilicen la movilidad geográfica.

Para acceder a los incentivos, las empresas deberán cumplir nuevos requisitos. Esto incluye estar al día con los pagos de impuestos y Seguridad Social, no haber sido previamente inhabilitadas para recibir subvenciones y ayudas públicas, y en casos obligatorios, contar con un plan de igualdad.

Se establece una nueva norma que se aplica a todos los contratos incentivados: la obligación de mantener el empleo. Esta disposición requerirá que la persona contratada sea mantenida en el puesto durante un período mínimo de tres años, con ciertas excepciones.

Se introducen exclusiones más precisas. No se aplicarán bonificaciones a la contratación de familiares de hasta segundo grado, excepto en el caso de personas con discapacidad. Además, las personas que hayan tenido un contrato indefinido en la misma empresa en los últimos doce meses (seis meses para contratos temporales o formativos), así como aquellos que hayan finalizado voluntariamente otro trabajo en los últimos tres meses, no serán elegibles para bonificaciones. Los empleadores que hayan finalizado contratos incentivados por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo serán excluidos de los incentivos durante un período de doce meses.

En el caso de contrataciones a tiempo parcial, las bonificaciones se reducirán proporcionalmente según la jornada laboral establecida. Esta jornada no podrá ser inferior al 50% de la jornada a tiempo completo de un trabajador comparable, a los efectos de la aplicación de los incentivos.

Se establece un nuevo régimen de reintegros para casos de incumplimiento. Las empresas que reciban bonificaciones y se trasladen a países fuera de la Unión Europea (UE) deberán reembolsar las bonificaciones recibidas durante los cuatro años previos.
 

Estas reformas buscan crear un entorno laboral más transparente, equitativo y sostenible, al mismo tiempo que fomentan la generación de empleo estable y de calidad. Es esencial que las empresas estén informadas y preparadas para implementar estos cambios a partir del 1 de septiembre de 2023, y que se adapten a las nuevas directrices en sus estrategias de contratación y gestión de personal. Mantenerse al tanto de estos cambios es fundamental para una gestión empresarial efectiva y para aprovechar al máximo los beneficios que el nuevo marco regulatorio puede ofrecer.

Información de datos de empresas, personas vinculadas y autónomos.

Si has recibido un correo electrónico de la Seguridad Social respecto al requerimiento de datos de personas vinculadas a empresas, es en virtud del RD 504/2022, de 27 de junio, el cual modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

Todas las entidades ya existentes o de nueva creación con personalidad jurídica, que tengan o vayan a tener trabajadores contratados y/o por las que un autónomo tenga que estar de alta, deben proporcionar a Seguridad Social los datos de la misma.

La Seguridad Social va a asignar un número de empresa (NET) al que se asociarán todos los CCC de empresa.

Todas las anteriores empresas deben proporcionar de todas las personas vinculadas con la misma, sean socios o no.

El plazo para realizar dicho trámite finalizará el próximo **31 de octubre de 2023**.

1. Razón social, fecha de constitución, inscripción en el registro mercantil y número de identificación fiscal de la empresa vinculada.

2. Identificación de las personas vinculadas a la empresa y cargo de consejero o administrador o prestación de otros servicios para la sociedad a qué se refiere el artículo 305.2.b).

3. Porcentaje de participación en el capital social.

4. Nombre y apellidos y número del Documento Nacional de Identidad o equivalente de los familiares con los que conviva el trabajador o trabajadora autónomo.

5. Número de identificación fiscal del cliente del que dependan económicamente los trabajadores autónomos.

6. Colegio profesional al que deben pertenecer los trabajadores autónomos.

7. Número de identificación fiscal de la empresa o empresas para las que se presten las actividades complementarias privadas.

8. Nombre y apellidos y número del Documento Nacional de Identidad o equivalente del trabajador o trabajadora autónomo en cuya actividad económica o profesional trabajen los familiares a que se refiere el artículo 305.2.k) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

9. Declaración de los rendimientos económicos netos que el trabajador o trabajadora autónomo prevea obtener durante el año natural en el que se produzca el alta para su actividad económica o profesional, de forma directa y/o por su participación en la sociedad o comunidad de bienes que determine su inclusión en el régimen especial que corresponda.

No podrán darse de alta autónomos o trabajadores mientras no se comuniquen los datos de identificación de empresa y personas vinculadas.

Un autónomo puede tener que estar de alta por una o varias actividades, ya sea por su participación en varias  empresas, por disponer él de varias actividades individuales o por ambos motivos.

Se deben identificar todas las actividades por las que actualmente se debe estar de alta como autónomo.

A futuro se deberán ir indicando el inicio de nuevas actividades y/o la finalización de las mismas.

En el momento de finalizar la última de las actividades corresponderá tramitar la baja como autónomo.

Tal como indica la Seguridad Social, con el fin de incorporar los datos a la base de datos de la TGSS, las personas trabajadoras autónomas tendrán que utilizar los siguientes canales:

a) La información de las sociedades y comunidades de bienes de las que forma parte el trabajador/a autónomo se facilitará mediante el servicio de la SEDESS Empresario Colectivo. Identificación de Empresa. Asignación de CCC inicial, que, tal como se informó en el Boletín Noticias RED 01/2023, permite el registro de la empresa y de personas vinculadas en las nuevas bases de datos del FGA (BBDD Empresa y personas vinculadas), así como, en su última función, la posibilidad de asignar o NO un CCC inicial para esta empresa. Asimismo, se ha habilitado la opción exclusiva de empresario colectivo. Asignación de Código Cuenta de Cotización, para aquellos registros de empresas en los que previamente ya se haya cumplimentado la base de datos de empresa y personas vinculadas. Para ambas opciones es necesario que el acceso se realice con el certificado digital que identifique a la empresa colectiva.

b) En caso de que el trabajador/a autónomo forme parte de dos o más personas jurídicas colectivas, deberán comunicarse a la TGSS tantas actividades diferentes como personas jurídicas de las que forme parte, siempre que esta circunstancia determine su alta en el RETA. Esta información se incorporará a través del servicio Comunicar nueva actividad del portal de la TGSS -IMPORTASS-.

El canal de denuncias surge como medida para proteger a todas las personas que denuncian o informan sobre casos de corrupción, fraude o violaciones de las leyes en los países de la UE.

Estos canales de denuncia van a estar protegidos para evitar que se produzcan represalias contra las personas denunciantes.

Las compañías obligadas a crear estos canales de denuncia son:

- Personas físicas o jurídicas con empresas de 50 o más personas empleadas.

- Empresas pertenecientes al sector financiero o personas jurídicas que, aunque no tengan domicilio en España, desarrollen actividades mediante sucursales o agentes sin domicilio permanente.

- Partidos políticos, sindicatos, patronales o fundaciones creadas por los mismos que reciban fondos públicos.

- Grupos de sociedades.

El pasado 13 de junio finalizó la fecha límite para crear canales de denuncia en compañías con plantillas de más de 249 personas.

La próxima fecha límite está establecida para el 1 de diciembre de 2023 para empresas de más de 50 personas en plantilla.

La Inspección de trabajo comenzará a multar en tres meses a las empresas que no cuenten con el canal de denuncias efectivo.

Los canales de denuncia tienen el fin de proteger a todas aquellas personas que denuncian o informan sobre casos de corrupción, fraude o violaciones de las leyes en los países de la UE.

Los canales de denuncia pretenden proteger a los denunciantes que trabajen en el sector privado y público, que tengan información y conocimiento sobre infracciones laborales.

Se tiene que proteger a todos los trabajadores, tanto indefinidos como a tiempo parcial y con contratos de duración determinada.

También a los funcionarios y trabajadores del sector público y a terceros que faciliten información al denunciante.

Asimismo, la protección se va a extender a terceras personas que tengan relación con la persona informante y puedan sufrir represalias. Se incluyen:

- Personas que asistan al informante para alertar sobre una irregular determinada.

- Familiares del informante que mantengan una relación laboral con la empresa.

- Entidades para las que trabaje la persona informante o con las que mantenga relación en el contexto laboral.

En todo caso se les protegerá siempre que revelen infracciones laborales.

Hay que destacar que el informante no va a perder protección aunque de manera posterior se verifique que la información facilitada era inexacta o no llegara a materializarse.

La parte fundamental es que la persona informante tenga motivos razonables y de peso para pensar que esa información era veraz en el momento de efectuar la comunicación.

El pasado 20 de febrero de 2023 se publicó en el BOE, tras ser aprobada en el Congreso, la nueva Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Esta Ley obliga a algunas compañías a implantar canales de denuncia, de acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1987, del Parlamento Europeo, de 23 de octubre.

La Directiva incluye la obligación para los Estados miembros, exigiendo la creación de canales de denuncia, tanto a nivel interno, como externo a la organización, en los que se garantice la confidencialidad.

Para ello, se establecen 3 niveles:

- Canal de denuncias en la propia entidad, a nivel interno.

- Si este canal no realiza su función adecuadamente, se pasaría al siguiente nivel, canal de las autoridades competentes.

- Si las autoridades no actúan, o se prevén peligros inminentes, la norma señala el uso de los medios de comunicación.

Los canales de denuncia van a permitir denunciar infracciones que vulneren las leyes de la UE en relación con los servicios financieros, protección del medioambiente, contratación o salud pública, entre otros.

Los canales de denuncia protegen a todas aquellas personas que alertan sobre:

- Infracciones penales y administrativas graves o muy graves.

- Infracciones del derecho de la Unión Europea y que afecten a los intereses financieros de la UE.

La Ley va a prohibir que una persona trabajadora que informa sobre regularidades:

- Sea despedida o se suspenda su contrato laboral.

- Se le apliquen medidas disciplinarias o cualquier modificación negativa de sus condiciones de trabajo.

- Sufra acoso o cualquier tipo de intimidación.

La Ley contempla sanciones de hasta un millón de euros para las empresas.

Las multas podrán oscilar:

- Desde 1.001 a 300.000 euros si se trata de personas físicas.

- Desde 10.001 a 1.000.000 de euros en el caso de las jurídicas.

Además, se sancionarán a personas en el caso de presentar denuncias falsas o a las empresas que revelen dichas denuncias.

En la gestión empresarial hay que tener claro  durante  cuánto tiempo  hay  que conservar cualquier tipo de documentación  de la sociedad (libros, facturas,  cuentas, actas, contratos...) para cumplir con toda la normativa y evitar ser sancionados.

La obligación de conservar la documentación de una empresa va a variar en función de la normativa ante la que estemos. Vamos a intentar arrojar un poco de luz a toda esta diversificación de legislación:

El artículo 30 del Código de Comercio, establece la obligación de conservar durante 6 años los libros obligatorios (diario, inventario y cuentas anuales y en su caso, libro de actas, registro de acciones nominativas y de socios), así como los no obligatorios (por ejemplo, el mayor, los registros de IVA, etc.), además de la documentación y justificantes en que se soporten las anotaciones registradas en los mismos (facturas emitidas y recibidas, tickets, facturas rectificativas, documentos bancarios, etc.). El término fijado empieza a contar a partir del último asiento realizado.

La Ley General Tributaria establece un plazo de cuatro años para guardar los archivos. El período empieza a contar desde que finaliza el plazo voluntario de presentación de cada impuesto.

No obstante, en los supuestos de créditos fiscales (por ejemplo, bases imponibles negativas) se fija la posibilidad por parte de la Administración de comprobar y requerir la información necesaria referida a esos períodos ya prescritos, es decir, en estos casos existe obligación de mantener la documentación.

Por ejemplo, si un bien se amortiza en 15 años, deberá conservar su factura de compra no durante cuatro años, sino hasta los cuatro años siguientes al último periodo en que se aplicó la amortización, es decir, durante 19 años.

El plazo de prescripción de las infracciones en el ámbito laboral es de tres años, mientras que las relacionadas con la seguridad social prescriben a los cinco años.

La documentación a conservar se circunscribe en materia de filiación a bajas, justificantes de pagos salariales, contratos de trabajo o registros de jornada laboral.

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

La obligación genérica de conservación se establece durante un plazo de diez años.

La obligación de conservar durante un plazo de diez años los documentos o registros que acrediten la aplicación de los fondos en los diferentes proyectos.

Los justificantes bancarios, documentos originales justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, certificados, etc. hay que conservarlos durante el periodo de justificación de la subvención. Si la subvención se financia con participación de fondos europeos, el plazo es de 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. Las facturas deben conservarse 6 años. En las subvenciones de inmovilizado, lo mejor es conservar toda la documentación durante 10 años. En todo caso, hay que consultar las bases de la subvención, por si disponen el periodo de conservación de los documentos que puedan ser objeto comprobación o control administrativo.

1. Escrituras de constitución, los estatutos sociales.

2. La elevación de acuerdos sociales.

3. El otorgamiento o la renovación de poderes.

4. La compraventa de participaciones, activos o acciones.

5.  Las escrituras de disolución o liquidación.

6. Libros de Actas.

Por otro lado, están las variaciones censales, las actas de inspección, los libros de visitas, los contratos privados, los documentos de préstamos participativos o  prendas de acciones....

Por último, la documentación acreditativa de las licencias o autorizaciones de cualquier tipo (licencias municipales de obras, de vado...), así como del cumplimiento de obligaciones legales (inspección técnica de edificios, etc.).

El art. 131 del Código Penal establece 10 años para conservar la documentación fiscal y laboral relacionada con delitos contra la Seguridad Social o Hacienda, ya que éstos prescriben a los 10 años los delitos cuando la pena es la prisión o inhabilitación por más de 5 años y menos de 10. Por tanto, en un proceso penal se podría exigir documentación laboral y fiscal con 10 años de antigüedad.

Hay que guardarla todo el tiempo que sea necesario para poder ejercer ciertos derechos o hacer frente a eventuales reclamaciones. Os recuerdo algunos plazos de prescripción según el Código Civil: 6 años: acciones reales sobre bienes muebles; 15 años: acciones personales sin término especial de prescripción; 20 años: acción hipotecaria; 30 años: acciones reales sobre bienes inmuebles.

Comunidades de bienes, explotaciones agrarias y sociedades civiles.

Tras la reciente publicación, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de julio pasado, de la convocatoria de ayudas destinadas a la digitalización de las comunidades de bienes, las sociedades civiles con objeto mercantil, las sociedades civiles profesionales y las explotaciones agrarias de titularidad compartida, la plataforma Red.es ya ha habilitado el formulario de solicitud correspondiente.

Para optar a esta ayuda, las entidades potencialmente beneficiarias deberán estar inscritas en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que deberá reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda, y tener una antigüedad mínima de 6 meses.

Además, para las comunidades de bienes, explotaciones agrarias de titularidad compartida y las sociedades civiles con objeto mercantil que no estén constituidas en escritura pública será necesario presentar un modelo de representación legal nombrando a un representante legal de los integrantes de la entidad. Este procedimiento no será necesario para sociedades civiles profesionales.

Así pues, aquellas entidades que cumplan los requisitos y tengan menos de 50 empleados podrán solicitar su bono digital.  Como en las anteriores convocatorias, el acceso a esta ayuda distingue entre estos tres segmentos de empresas:

- **Segmento I**: pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados
- **Segmento II**: pequeñas empresas o microempresas entre 3 y 9 empleados
- **Segmento III**: pequeñas empresas o microempresas entre 0 y 2 empleados.

Como novedad en este sentido, y pese a la diferenciación por segmentos, se ha previsto un formulario único independientemente del segmento que les corresponda. Recibida la solicitud, Red.es hará las verificaciones necesarias para comprobar en qué segmento se ubica cada entidad solicitante.

Recordamos que las ayudas se otorgarán de forma directa y por orden de llegada, y que el plazo para presentar las solicitudes se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre de 2024.

Os recordamos los pasos para solicitar las ayudas de este programa:

1. Registrarse en el área privada de www.acelerapyme.es con el NIF de la entidad y completar el test de autodiagnóstico digital que no lleva más de 10 minutos.

2. Consultar la información disponible de las soluciones de digitalización del programa Kit Digital, donde se podrá escoger una o varias de las que se indican en el catálogo que se puede consultar en www.acelerapyme.es/.

3. Solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

El importe máximo de ayuda por beneficiario será de doce mil euros (12.000 €), seis mil euros (6.000 €) o dos mil euros (2.000 €), en función del Segmento al que pertenezca.

Red.es determinará el segmento al que corresponde la solicitud teniendo en cuenta los datos del número de trabajadores existentes en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o valiéndose de cualquier otro medio válido en Derecho. El plazo para contabilizar la plantilla media de trabajadores del Régimen General (Seguridad Social) será el correspondiente a los últimos 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

Los importes máximos de ayuda por Categoría de Soluciones de Digitalización, así como la duración que debe mantenerse la prestación del servicio para los citados Segmentos son los siguientes:

**Sitio Web y Presencia básica en Internet**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 2.000 €
Ayuda para el Segmento II: 2.000 €
Ayuda para el Segmento III: 2.000 €

**Comercio electrónico**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 2.000 €
Ayuda para el Segmento II: 2.000 €
Ayuda para el Segmento III: 2.000 €

**Gestión de Redes Sociales**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 2.500 €
Ayuda para el Segmento II: 2.500 €
Ayuda para el Segmento III: 2.000 €

**Gestión de Clientes**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 4.000 € (incluye 3 usuarios)
Ayuda para el Segmento II: 2.000 € (incluye 1 usuario)
Ayuda para el Segmento III: 2.000 € (incluye 1 usuario)

**Business Intelligence y Analítica**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 4.000 € (incluye 3 usuarios)
Ayuda para el Segmento II: 2.000 € (incluye 1 usuario)
Ayuda para el Segmento III: 1.500 € (incluye 1 usuario)

**Gestión de Procesos**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 6.000 € (incluye 10 usuarios)
Ayuda para el Segmento II: 3.000 € (incluye 3 usuarios)
Ayuda para el Segmento III: 2.000 € (incluye 1 usuario)

**Factura Electrónica**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 2.000 € (incluye 3 usuarios)
Ayuda para el Segmento II: 2.000 € (incluye 3 usuarios)
Ayuda para el Segmento III: 1.000 € (incluye 1 usuario)

**Servicios y herramientas de Oficina Virtual**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 250 € por usuario (hasta 48 usuarios)
Ayuda para el Segmento II: 250 € por usuario (hasta 9 usuarios)
Ayuda para el Segmento III: 250 € por usuario (hasta 2 usuarios)

**Comunicaciones Seguras**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 125 € por usuario (hasta 48 usuarios)
Ayuda para el Segmento II: 125 € por usuario (hasta 9 usuarios)
Ayuda para el Segmento III: 125 € por usuario (hasta 2 usuarios)

**Ciberseguridad**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 125 € por usuario (hasta 48 dispositivos)
Ayuda para el Segmento II: 125 € por usuario (hasta 9 dispositivos)
Ayuda para el Segmento III: 125 € por usuario (hasta 2 dispositivos)

**Presencia avanzada en Internet**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 2.000 €
Ayuda para el Segmento II: 2.000 €
Ayuda para el Segmento III: 2.000 €

**Marketplace**: Meses de prestación del servicio: 12

Ayuda para el Segmento I: 2.000 €
Ayuda para el Segmento II: 2.000 €
Ayuda para el Segmento III: 2.000 €

¿Qué es la razón social?, ¿Y el nombre comercial?

Al empezar tu aventura de ser un trabajador por cuenta propia, una de las cosas que debes tener claro es qué es la razón social de un autónomo y cómo va a influir en tu negocio.

La razón social es la denominación que tiene toda empresa y que la identifica del resto de las compañías. La razón social es útil para identificar a la empresa de manera formal y también es útil en términos administrativos y jurídicos. In embargo, cuando se trata de un trabajador autónomo, muchos desconocen si pueden tener también o no una razón social.

Para un autónomo, la razón social es su nombre y apellidos. Para una empresa es diferente.

En una empresa, la razón social es el nombre jurídico con el que se inscribe en el registro mercantil. Y ha de cumplir unos requisitos de distinción y exclusividad para no confundirse con la de otras.

Con frecuencia, se confunde la razón social con el nombre comercial.

Las empresas deben tener un nombre legal acompañado de un número identificativo, que es el CIF. La razón social es el nombre que se le da a la empresa en su constitución, el nombre oficial. La razón social se va a utilizar sobre todo a nivel administrativo y jurídico, de manera más formal.

Muchas veces usar la razón social de un autónomo no resulta lo más atractivo de cara a vender una marca. Por esa razón, es posible usar otro nombre para hacer referencia a la empresa: el nombre comercial. Puedes verlo con este ejemplo:

Nombre comercial: BBVA.
Razón social: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Para un autónomo, la razón social es su nombre y apellidos.

La razón social es esencial para las facturas. Esto es así porque, según el reglamento de facturación, en la factura debe figurar la razón social (o el nombre y los apellidos, cuando es un autónomo). Para que tu factura como autónomo sea válida tienes que incluir tu nombre y apellidos.

El nombre comercial, en cambio, no tiene ninguna validez en una factura. Puede aparecer, eso sí. Pero siempre y cuando no sustituya la razón social. Y aunque no hay una norma que aclare dónde debe aparecer, se recomienda incluirla en la parte superior de la factura, junto al domicilio fiscal y el NIF.

Una factura de autónomo es un documento que contiene los detalles de una transacción entre un autónomo y un cliente. En España, debe incluir los siguientes datos:

- Nombre y dirección del autónomo.
- Nombre y dirección del cliente.
- Número de identificación fiscal del autónomo.
- Número de identificación fiscal del cliente.
- Descripción detallada de los bienes o servicios prestados.
- Precio de los bienes o servicios prestados.
- Fecha de la factura.
- Fecha de vencimiento de la factura.

La ley permite que una empresa cambie la razón social siempre y cuando esté justificado .Por ejemplo, cuando el negocio evoluciona o se transforma puede necesitar un cambio de razón social.

El proceso de cambiar la razón social de una empresa es el siguiente:

- Debes solicitar en el registro mercantil la certificación negativa de denominación, que te permitirá verificar la disponibilidad del nuevo nombre.

- A continuación, deberás incluir el cambio en los estatutos y pasar directamente a incluir el nuevo nombre en el registro mercantil de la localidad.

- Una vez registrada la modificación, debes comunicárselo a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria y acompañarlo de una copia de la escritura.

El calendario laboral de 2024 recoge un total de 12 días festivos, de los que nueve se celebrarán de forma conjunta en toda España, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A los días festivos nacionales y autonómicos hay que sumar dos festivos locales que tiene cada municipio, hasta sumar un total de 14 días festivos al año.

Tal y como explica el BOE, en 2024 serán nueve los días festivos que coinciden en el calendario laboral de toda España:

- 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
- 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
- 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
- 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
- 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
- 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
- 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
- 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
- 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Andalucía**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el Decreto 77/2023, de 4 de abril, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de febrero. Día de Andalucía (miércoles).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 9 de diciembre. Inmaculada Concepción (por coincidir en domingo se traslada al lunes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Aragón**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de Aragón en el Decreto 93/2023, de 14 de junio, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 23 de abril. Día de Aragón / San Jorge (martes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 9 de diciembre. Inmaculada Concepción (por coincidir en domingo se traslada al lunes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Asturias**

Según el calendario laboral 2024 en el Principado de Asturias son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 9 de septiembre. Día de Asturias (lunes).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 9 de diciembre. Inmaculada Concepción (por coincidir en domingo se traslada al lunes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Islas Baleares**

Según el calendario laboral 2024 acordado por el Gobierno de las Islas Baleares son festivos en este territorio los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 1 de marzo. Día de las Islas Baleares (viernes).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de abril. Lunes de Pascua (lunes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).


**Canarias**

Según el calendario laboral 2024 aprobado por el Gobierno de Canarias son festivos en este territorio los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 30 de mayo. Día de Canarias (jueves).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Además, cada una de las islas tiene un festivo concreto**:

• Tenerife. 2 de febrero (viernes). La Virgen de Candelaria
• La Palma. 5 de agosto (lunes). Nuestra Señora de Las Nieves.
• Gran Canaria. 9 de septiembre (lunes). Lunes posterior a la festividad de Nuestra Señora del Pino.
• Lanzarote y La Graciosa. 16 de septiembre (lunes). Nuestra Patrona de Los Volcanes.
• Fuerteventura. 20 de septiembre (viernes). Nuestra Señora de La Peña.
• El Hierro. 24 de septiembre (martes). Nuestra Señora de los Reyes.
• La Gomera. 7 de octubre (lunes). Nuestra Señora de Guadalupe.

**Cantabria**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de Cantabria, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de abril. Lunes de Pascua (lunes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 25 de julio. Santiago Apóstol (jueves).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Castilla-La Mancha**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 30 de mayo. Celebración de la Fiesta del Corpus Christi, en sustitución de la fiesta correspondiente al día 19 de marzo, San José (jueves).
• 31 de mayo. Día de Castilla-La Mancha, en sustitución del descanso laboral correspondiente al día 8 de diciembre, Inmaculada Concepción (viernes).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**A los días festivos nacionales y autonómicos, en este caso de Castilla-La Mancha, hay que sumar los dos festivos locales que tiene cada municipio, hasta un total de 14 días festivos al año**.

**Castilla y León**

Según el calendario laboral 2024 que ha aprobado la Junta de Castilla y León, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 23 de abril. Día de Castilla y León (martes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 9 de diciembre. Inmaculada Concepción (por coincidir en domingo se traslada al lunes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Cataluña**

Según el calendario laboral 2024 que ha aprobado el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de abril. Lunes de Pascua (lunes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 24 de junio. San Juan (lunes).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 11 de septiembre. Fiesta Nacional de Cataluña (miércoles).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).
• 26 de diciembre. San Esteban (jueves).

**Extremadura**

Según el calendario laboral 2024 que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Extremadura, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 13 de febrero. Martes de Carnaval. Reemplazando el descanso en lunes de la festividad del domingo 8 de septiembre por el Día de Extremadura.
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 9 de diciembre. Inmaculada Concepción (por coincidir en domingo se traslada al lunes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Galicia**

Según el calendario laboral 2024 que ha publicado el Diario Oficial de Galicia, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 17 de mayo. Día de las Letras Gallegas (viernes).
• 25 de julio. Día Nacional de Galicia (jueves).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Comunidad de Madrid**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 2 de mayo. Fiesta de la Comunidad de Madrid (jueves).
• 25 de julio. Santiago Apóstol (jueves).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Región de Murcia**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 19 de marzo. San José (martes).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de mayo. Día del Trabajo (miércoles).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 9 de diciembre. Inmaculada Concepción (por coincidir en domingo se traslada al lunes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Navarra**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de Navarra, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de abril. Lunes de Pascua (lunes).
• 1 de mayo. Fiesta del trabajo (miércoles).
• 25 de julio. Santiago Apóstol (jueves).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 3 de diciembre. San Francisco Javier (martes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**País Vasco**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial del País Vasco, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de abril. Lunes de Pascua (lunes).
• 1 de mayo. Fiesta del trabajo (miércoles).
• 25 de julio. Santiago Apóstol (jueves).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**La Rioja**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de La Rioja, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 28 de marzo. Jueves Santo (jueves).
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de abril. Lunes de Pascua (lunes).
• 1 de mayo. Fiesta del trabajo (miércoles).
• 10 de junio. Lunes siguiente al Día de La Rioja (lunes).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

**Comunidad Valenciana**

Según el calendario laboral 2024 que publica el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana, en esta comunidad autónoma son festivos los siguientes días:

• 1 de enero. Año Nuevo (lunes).
• 6 de enero. Epifanía del Señor (sábado).
• 19 de enero. San José (viernes)
• 29 de marzo. Viernes Santo (viernes).
• 1 de abril. Lunes de Pascua (lunes).
• 1 de mayo. Fiesta del trabajo (miércoles).
• 24 de junio. San Juan (lunes)
• 25 de julio. Santiago Apóstol (jueves).
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen (jueves).
• 9 de octubre. Día de la Comunidad Valenciana (miércoles)
• 12 de octubre. Fiesta Nacional de España (sábado).
• 1 de noviembre. Todos los Santos (viernes).
• 6 de diciembre. Día de la Constitución Española (viernes).
• 25 de diciembre. Natividad del Señor (miércoles).

¿Cuándo será obligatoria la factura electrónica?

Los autónomos contarán con un año más, exactamente hasta el 2026, para adaptarse al sistema de facturación electrónica cuya última fase será comunicar a Hacienda el estado de cada factura. Todo ello suponiendo que el reglamento de facturación que tiene que aprobar el Gobierno salga adelante este año.

Pero todo depende de que el reglamento de facturación salga adelante este año aprobado por el Gobierno.

La Ley Crea y Crece es clara y el artículo hace referencia a todas las empresas y autónomos, sin excepciones. Esto será así para los autónomos o empresarios de todo tipo y condición independientemente de cuánto sea su volumen de facturación.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la obligación aplica siempre que la factura sea emitida a otra empresa o profesional autónomo, es decir, esta obligación no aplica a facturas emitidas a personas particulares como, por ejemplo, la factura de un profesional autónomo que realiza un trabajo de fontanería en un domicilio particular. En estos casos, se podrá hacer una factura en papel. De la misma forma, tampoco aplica a las facturas simplificadas o tickets propios de los establecimientos comerciales.

Según el Reglamento de la Ley Crea y Crece, las grandes empresas deben adaptarse a la nueva facturación electrónica un año después de su entrada en vigor.

Si llegara a aprobarse en este 2023 sería en 2024. Y dos años después (2025) para el resto de empresas y autónomos.

Pero el paso de comunicar los estados de la factura a Hacienda quedará dilatado un año más para el colectivo de autónomos según el borrador del Real Decreto aún sujeto a posibles modificaciones.

El borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 18/2022 (Ley Crea y Crece) está cerrando el proceso de Audiencia Pública con la Agencia Tributaria.

Ofrece importantes aspectos, como la obligación de su uso no sólo cuando el autónomo actúe como proveedor, sino también cuando actúe como cliente y reciba la factura.

Según el reglamento, los plazos para que las empresas pudieran adaptarse a los cambios de la factura electrónica establecían su aplicación un año después de la entrada en vigor del reglamento para las empresas con facturación superior a 8 millones de euros y dos años después para el resto de empresas y autónomos. Con el cambio introducido, en principio, los periodos de implementación quedarían de la siguiente forma, si el reglamento se aprobara este año:

- **Un año después de la entrada en vigor de la ley (2024)**. Para empresas con facturación anual superior a 8 millones de euros, obligatoriedad de facturar electrónicamente y comunicar los estados de la factura.

- **Dos años después de la entrada en vigor (2025)**. Para el resto de empresas, con facturación anual menor a 8 millones de euros y para autónomos, obligatoriedad de facturar electrónicamente. Para el resto de empresas con facturación anual menor a 8 millones de euros, obligatoriedad de comunicar los estados de la factura.

- **Tres años después de la entrada en vigor (2026)**. Obligatoriedad de comunicación de los estados de la factura para los autónomos.

Al respecto, el artículo 8 de este reglamento ya difundió la obligación de informar sobre los estados de la factura ―recibida, aceptada o pagada― y cómo el deber de informar sobre estos estados recae sobre el destinatario. Es este ámbito de aplicación el que, en principio, se dilata un año para los autónomos, con lo que dispondrán de doce meses más para adaptarse a la aplicación y comunicación de estos estados, aunque el proyecto está en elaboración y puede que vuelva a evolucionar hasta su aprobación en los próximos meses.

En ese sentido, se espera que los autónomos que reciban la factura electrónica comuniquen las distintas fases del proceso en el que se encuentra la misma. Entre ellos, si se ha aceptado la factura o contiene algún error, si el cliente ya ha abonado una parte, o si ha abonado la totalidad del importe, y deberán hacer público su punto de entrada de facturas. Así, para facilitar el proceso de transición digital de los autónomos, gozarán de un año más (tres años aproximadamente desde que se produzca su publicación en el BOE) para aplicar todo lo concerniente a los estados de la factura.

Para cumplir con lo establecido en la Ley Crea y Crece, todas las empresas y autónomos deberán enviar las facturas en formato electrónico y permitir su acceso a las mismas durante un periodo de cuatro años. El incumplimiento de estas normas será sancionado con una infracción administrativa como desde el apercibimiento hasta el pago de multas de hasta 10.000 euros, en función del tipo de infracción.

Programa de Iniciación y Consolidación de la Exportación.

El programa de Iniciación y Consolidación de la Exportación de ICEX España Exportación ya está en marcha. La nueva convocatoria de ayudas ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. A través de este programa se conceden subvenciones para iniciar o consolidar el crecimiento internacional de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El objetivo del Programa ICEX Next es ayudar a desarrollar o contrastar la estrategia de internacionalización, analizando los mejores destinos para los productos o servicios y apoyar con un Plan Estratégico de Negocio Internacional Offline y Online, enfocado a los mercados exteriores seleccionados. Todo ello, a través de un Asesoramiento Especializado por parte de consultores y asesores nacionales e internacionales homologados por ICEX, durante un proceso de 24 meses, y con el apoyo de una Subvención Económica dotada de una cuantía de hasta **24.000 euros**.

Este Programa está dirigido a cualquier Pyme o Startup Española que tenga un producto o servicio propio y/o marca propia. Además de una facturación superior a los 300.000 euros, exceptuando las Startup de base tecnológica. Este Programa también ofrece una oportunidad para las empresas afectadas por el BREXIT y las Pymes que fueron participantes del programa PIPE entre el año 1997 y 2007.

El principal objetivo es ofrecer ayudas a la internacionalización de pymes. ICEX Next ofrece Asesoramiento Especializado en Comercio Exterior, a través de una bolsa total de **30 horas de Consultoría** Internacional Especializada y Personalizada, de la mano de consultores externos y homologados por ICEX, con amplia experiencia en consultoría empresarial e internacionalización, y una subvención económica para afrontar los gastos del crecimiento internacional de tu empresa hasta **24.000 euros**.

30 horas de asesoramiento personalizado y especializado, que serán utilizadas para diseñar el Plan Estratégico de Negocio Internacional, ya sea offline, online u ambos, Además, se podrá utilizar parte de la subvención económica del bloque 2 para realizar los servicios de consultoría especializada de ICEX Next , sobre otros aspectos fundamentales del comercio internacional, como podrán ser los centrados en temáticas relacionadas con la Contratación Internacional o las Licitaciones Internacionales; además de en otras focalizadas en la Transformación Digital de tu empresa, con el fin de que tu salida al exterior sea más viable; o para afrontar la nueva situación del Reino Unido ante el BREXIT.

En cada Proceso de Selección se valorará:

- La Competitividad del Producto o Servicio a nivel internacional
- Equipo Humano
- Capacidad Financiera
- Trayectoria Empresarial

Además, se analizará el Potencial de Internacionalización del Modelo de Negocio de la empresa, con la ayuda de un consultor homologado por ICEX.

Estos Procedimientos están sometidos al principio de concurrencia competitiva, tal y como se detalla en la Convocatoria.

Si te estás planteando pedir esta ayuda debes prestar atención a los requisitos necesarios. Entre otros:

- Ser una pyme española.
- Con producto o servicio propio.
- Con marca propia.
- Con página web propia.
- No ser filial comercial ni productiva extranjera.
- No tener una empresa en crisis.
- Facturar más de 300.000€ en 2022, requerimiento no aplicable para las startups.
- Tener medios personales y materiales que permitan afrontar la internacionalización de tu empresa.

En primer lugar regístrate en la web del ICEX.

Una vez te hayas registrado debes completar el documento: Solicitud del Programa ICEX Next. Encontrarás toda la documentación necesaria para la edición de 2023.

	
Muchas veces, cuando vamos a realizar algún tipo de trámite administrativo, solicitar vacaciones o prestaciones, nos mencionan los días naturales, días laborables o días hábiles. Y a veces uno se hace un lío.

TODOS los días del año, de lunes a domingo, hasta los días festivos. Es decir, que si el año tiene 365 días, esos son naturales; en el caso de los años bisiestos hay uno más, 366 días naturales. No hay duda por lo tanto con respecto a los días naturales.

Los días hábiles son los días que se consideran aptos para la realización de determinados actos o para el cómputo de días de determinados plazos. Estos días hábiles vienen determinados por ley, y en el caso de España, se consideran días hábiles los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Los sábados y los domingos son considerados según este criterio anterior, días inhábiles. También se consideran días inhábiles los días de fiesta, en el caso de España, debemos tener en cuenta que hay festivos nacionales pero  también hay días festivos distintos en cada Comunidad Autónoma.

Lo importante de esta diferencia es que cuando un plazo termina en un día inhábil, como ya hemos dicho antes, en sábado, domingo o día festivo, el plazo se prolonga hasta el siguiente día hábil. Cuando el último día de un plazo sea inhábil (por ejemplo, un sábado), se trasladará al siguiente día hábil (si es un sábado, puesto que el domingo también es inhábil, el último día de plazo será el lunes, salvo que sea festivo).

Son días inhábiles en el territorio nacional o en las Comunidades Autónomas los siguientes:

a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.

b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.

c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Los días laborables son aquellos en los que se trabaja. Los días laborables dependen en principio de la empresa en la que trabajemos que puede tener su propio calendario. Pero por regla general se consideran días laborables, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y también el sábado.

Cuándo y cómo emitir y enviar una factura.

Facturar es una de las obligaciones más básicas e importantes de cualquier empresa y  autónomo. Por ley, estás obligado a facturar y a hacerlo en tiempo y forma.

La factura es el documento acreditativo de la prestación de un servicio o la entrega de bienes mediante la cual los autónomos y la pymes cobran por la operación. El registro del volumen de facturas emitidas da clara muestra de los ingresos del autónomo; ingresos que junto con los gastos constituye la información básica con la que debe contar tu asesoría para la presentación de impuestos.

¿En qué momento está obligado el empresario a emitir y enviar la factura al destinatario? La respuesta difiere si el destinatario es autónomo profesional o particular.   

- Si el destinatario es el cliente particular, la factura ha de emitirse en el momento del devengo de IVA o lo que es lo mismo, cuando se realiza la operación. De la misma forma, el envío de la factura se tiene que hacer en el momento de la emisión.

- En caso de que el destinatario de la operación que se factura sea profesional o empresario, la factura se ha de emitir y hacer llegar al cliente antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo del impuesto o la propia operación.

Las facturas recapitulativas y rectificativas así como determinadas operaciones intracomunitarias también tienen plazos específicos de expedición y envío. En el caso de las primeras de ellas, las facturas recapitulativas que agrupan diferentes operaciones de un solo cliente bajo una misma factura, el plazo de emisión y envío también está supeditado al tipo de cliente: particular o profesional o empresario.

- Si la factura recapitulativa está destinada a empresarios o profesionales, la expedición y el envío han de realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el curso del cual se hayan realizado las operaciones.

- Si el receptor de la factura recapitulativa es un cliente particular, la factura se tiene que emitir y enviar el último día del mes natural en el que se hayan facturado las operaciones documentadas.

En el supuesto de que el profesional o empresario tenga que emitir factura rectificativa, su expedición ha de hacerse en el momento en que el emisor tenga conocimiento de las circunstancias que le obligan a emitir factura rectificativa, cuyo plazo de envío tiene que ser antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya expedido la factura.  

En cualquier caso, el autónomo no podrá emitir una factura rectificativa si han transcurrido más de cuatro años desde que se efectuara la operación que ahora se querría rectificar.

En caso de que el autónomo profesional o empresario realice entregas intracomunitarias, la expedición y el envío de la factura tiene que hacerse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al cliente.

En el supuesto de que la factura se emita y envíe fuera de los plazos establecidos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 1% del importe del conjunto de las operaciones que han dado lugar a la infracción.

Si el incumplimiento es debido a la falta de expedición de la factura, la multa se eleva al 2% del importe del conjunto de las operaciones sobre las que no se ha emitido factura o, en caso de que no se pueda determinar dicho importe, 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya emitido la correspondiente factura.

¿Y en caso de emitir una factura falsa? Esta infracción se considera grave y conlleva una multa del 75% del importe del conjunto de las operaciones que hayan dado lugar a la infracción.

¿En qué consiste el embargo de Hacienda?

La Agencia Tributaria es el organismo encargado de gestionar y recaudar los impuestos en España. En este sentido, la Agencia Tributaria puede realizar embargos sobre los bienes y activos de las personas físicas o jurídicas que adeuden impuestos.

El cobro de las deudas tributarias es un poder atribuido a la Administración. Las entidades financieras están autorizadas para desempeñar el servicio de caja en administraciones y delegaciones.

Aunque no tienen responsabilidad en la gestión ni son consideradas órganos de recaudación, sí actúan como entidades colaboradoras a la hora de recaudar los impuestos.

La recaudación de estos tributos puede realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. Sin embargo, cuando los pagos no se abonan en estos tiempos, la Administración puede proceder al embargo de los bienes del contribuyente hasta satisfacer por completo la deuda.

Todos tenemos un plazo para realizar nuestros pagos de nuestros impuestos a Hacienda. Estos pagos se realizan por iniciativa propia. Las liquidaciones practicadas por la Administración deben abonarse en periodo voluntario. Cuando el contribuyente no abona la deuda en periodo voluntario, se inicia la recaudación en periodo ejecutivo. La recaudación se efectúa por el procedimiento de apremio, mediante la notificación de una providencia de apremio que es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Hay tres tipos de recargos en este tiempo:

- Ejecutivo: es un recargo del 5% y se aplica cuando se satisface la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario, antes de la notificación de la providencia de apremio.

- De apremio reducido: este recargo del 10% se asigna cuando se satisface la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo, antes de que finalice el plazo previsto para el ingreso de las deudas en periodo ejecutivo notificadas mediante providencia de apremio.

- De apremio ordinario: se aplica un recargo del 20% cuando no correspondan los dos recargos anteriores, es decir, cuando el abono se produce después de haber finalizado el plazo para el pago en periodo ejecutivo.

Estos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario. El único recargo que es compatible con los intereses de demora es el recargo de apremio ordinario (con el 20%).

Si finalizado el plazo estipulado en la providencia de apremio el contribuyente no abona su deuda tributaria, se dicta una Providencia de Embargo de sus bienes. De ese modo se procede al cobro de las cantidades que debe, el recargo de apremio, los intereses y, en su caso, a las costas del procedimiento de apremio producidas.

En el proceso de embargo de Hacienda se determina los bienes inembargables, los bienes embargables y el orden en el que se efectúan los embargos. Según la normativa, el embargo de bienes se lleva a cabo en el siguiente orden:

- Dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. Si existe alguna cuenta cuya titularidad corresponde a varias personas, solo se embarga la parte que atañe al deudor.

- Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo (a menos de 6 meses). Pueden ser enajenados con independencia de la fecha de amortización definitiva. La venta se realiza a través de los mercados secundarios oficiales en las mejores condiciones posibles y debe comprender un número de valores que cubra el importe total de la deuda.

- Sueldos, salarios y pensiones. Estos conceptos están destinados a financiar las necesidades elementales del deudor. De acuerdo con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es inembargable el salario, sueldo, jornal, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

- Bienes inmuebles. Para poder embargar un inmueble es necesario que sea propiedad del deudor. Si un bien propiedad del deudor, según escritura pública, no consta a su nombre en el Registro, por no haberlo presentado, Hacienda puede instar a su inscripción y después embargarlo. Según el artículo 140 del Reglamento Hipotecario, en un primer momento se suspende el embargo y se toma anotación de la suspensión y, más tarde, se requiere al que se considere dueño para que inscriba su dominio y, en caso de negarse, se puede solicitar de forma judicial.

- Intereses y rentas. Si lo embargado son rentas obtenidas por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas, se puede nombrar un administrador o interventor. Cuando las rentas que se tienen intención de embargar corresponden a los derechos de explotación de una obra protegida por la Ley de Propiedad Industrial, se consideran salarios.

- Establecimientos mercantiles o industriales. Se extiende una diligencia, donde consten inventariados todos los bienes y derechos existentes en cada establecimiento embargado, así como los útiles que se embargan. Además, se debe hacer la anotación preventiva de embargo en el Registro de Bienes Muebles.

- Joyas, metales preciosos y antigüedades.

- Bienes muebles. El artículo 92.4 del Reglamento de facturación, relativo al embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, señala que se notifica el embargo al deudor para que en un plazo de 5 días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación, con su documentación y llaves. Si no lo hace, se da orden a las autoridades para la captura, depósito y precinto de estos bienes.

- Créditos realizables a largo plazo (a más de 6 meses). El embargo se lleva a cabo mediante una diligencia de embargo que debe identificar los valores conocidos por la Administración y comprende un número de valores que cubra el importe total de la deuda.

Son inembargables el mobiliario y el menaje del hogar, además de las ropas del deudor y de su familia, que no puedan considerarse superfluos. En general, los bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el deudor y las personas que de él dependen puedan atender con dignidad a su subsistencia.

Asimismo, los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor son inembargables cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Otros haberes inembargables son los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas, las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley y los bienes declarados inembargables por los Tratados ratificados por España.

Lo primero que tienes que hacer cuando te embargan es solicitar el expediente administrativo. En él puedes verificar si se ha seguido el procedimiento de forma legal y ver si el embargo está justificado.

En el caso de que se haya incumplido el procedimiento, puedes impugnarlo interponiendo los recursos procedentes.

Si has agotado todas las vías de recursos administrativos, puedes interponer un recurso contencioso administrativo en la sede judicial.

Las operaciones vinculadas son un tipo de operaciones que se han puesto bajo la atenta mirada de Hacienda al considerarlas posibles subterfugios para el fraude fiscal. Las operaciones vinculadas son aquellas relaciones mercantiles que se desarrollan por personas físicas o jurídicas con algún tipo de unión entre sí y, en un intento por evitar el fraude fiscal, hay que declararlas en el Modelo 232. ¿Sabes si estás obligado?

Las operaciones vinculadas son aquellas que realizan las entidades o personas físicas entre ellas y tienen un contenido económico. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

- Una entidad y sus socios o partícipes.

- Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.

- Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

- Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

- Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

- Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.

- Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.

- Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

Estarán obligados a presentar el modelo oficial y cumplimentar la información de operaciones con personas o entidades vinculadas los contribuyentes del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que actúen mediante establecimiento permanente, así como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, que realicen las siguientes operaciones con personas o entidades vinculadas:

- Operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el periodo impositivo supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado.

- Operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada una de estas operaciones en el periodo impositivo supere los 100.000 euros.

- Cuando existan operaciones del mismo tipo que a su vez utilicen el mismo método de valoración, siempre que el importe del conjunto de dichas operaciones en el periodo impositivo sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad.

- Si se aplica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, al haber obtenido rentas como consecuencia de la cesión de determinados intangibles a personas o entidades vinculadas.

- En aquellos casos en que el contribuyente realice operaciones o tenga valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales independientemente de su importe.

No será obligatorio respecto de las siguientes operaciones:

1. Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 de la LIS.

2. Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, las uniones temporales de empresas y las sociedades de desarrollo industrial regional. No obstante, sí que deberán presentar el modelo 232 en el caso de uniones temporales de empresas, o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido en el artículo 22 de la LIS.

El modelo 232 debe presentarse durante el mes once tras la conclusión del periodo impositivo. Es decir, para aquellas empresas cuyo cierre de ejercicio fiscal sea 31 de diciembre, el plazo de presentación del modelo 232 es del 1 al 30 de noviembre de cada año.

La presentación tiene que realizase en formato electrónico a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y debe contener información sobre:

- Operaciones con personas o entidades vinculadas.

- Operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (Patent Box).

- Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales.

Obligatoriamente debe presentarse por vía electrónica, bien a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien desde la página de la Agencia Tributaria. Esta presentación puede ser realizada por:

- Los contribuyentes del impuesto o, en su caso, sus representantes legales.

- Los representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante esta.

- Las personas o entidades que ostenten la condición de colaboradores sociales en la aplicación de los tributos.

La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones declaradas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este impuesto, al IRPF o al impuesto sobre la renta de no residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga.

¿Quién está obligado a declarar criptomonedas?

Las personas que tengan monedas virtuales y realicen operaciones con ellas deberán declarar dichas transacciones ante Hacienda a partir del 1 de enero de 2024.

Estarán obligadas a declarar las criptomonedas en su Declaración de la Renta:

- Personas y entidades residentes en España.

- Establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria o entre diferentes monedas virtuales, intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

En estos casos, estarán obligadas a presentar la declaración anual sobre criptomonedas en cuanto a operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia de monedas virtuales. También, se deberán declarar los cobros y pagos realizados con criptomonedas.

La información relativa a los saldos deberá incluir, para cada moneda virtual, el tipo de moneda virtual, el número de unidades de moneda virtual a 31 de diciembre y su valoración en euros.

Las primeras declaraciones de criptomonedas se presentarán a partir del 1 de enero de 2024 y se realizarán respecto a las operaciones que se hayan llevado a cabo desde el 25 de abril de 2023.

Estarán obligadas a presentar una declaración informativa anual en referencia a las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia de monedas virtuales:

- Las personas y entidades residentes en España.

- Los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria o entre diferentes monedas virtuales, intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

Deberán proporcionar la siguiente información:

- Nombre y apellidos o razón social o denominación completa.
- Domicilio y NIF de las personas o entidades a quienes correspondan en algún momento del año las monedas virtuales, ya sea como titulares, autorizados o beneficiarios.
- Tipo de moneda virtual y fecha de operación.
- Tipo de unidades de moneda virtual adquirida, transmitida, permutada o transferida.
- Valor en euros por el que se efectúa la operación.

No estarán obligadas a declarar las operaciones con monedas virtuales las personas o entidades cuya actividad se limite al asesoramiento sobre monedas virtuales o a la simple atención de órdenes de cobro y pago en moneda fiduciaria de las personas. Tampoco las entidades que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria.

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español y los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas estarán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las monedas virtuales situadas en el extranjero. Esta obligación se extiende a quienes hayan sido titulares, autorizados, o beneficiarios de las citadas monedas virtuales, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas. También a quienes hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y hubiesen perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año.

La información a suministrar para la declaración de las monedas en el extranjero será:

- Nombre y apellidos o la razón social o denominación completa.
- En su caso, número de identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad que proporciona servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir las monedas virtuales.
- Domicilio o dirección de su sitio web.
- Identificación completa de cada tipo de moneda virtual.
- Saldos de cada tipo de moneda virtual a 31 de diciembre expresados en unidades de moneda virtual y su valoración en euros.

La presentación de la declaración en los años sucesivos solo será obligatoria cuando el saldo conjunto hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

Para declarar las criptomonedas y monedas virtuales se usarán los siguientes modelos:

- Modelo 172: saldo de monedas virtuales.
- Modelo 173: operaciones realizadas.
- Modelo 721: criptomonedas situadas en el extranjero.

Los modelos 172 y 173 se van a centrar en compañías con residencia fiscal en España que participen en el mercado de las criptomonedas. Puede que participen como agencias de intercambio o como monederos virtuales.

El modelo 172 se debe presentar en caso de que haber obtenido un beneficio superior a 1.000 euros como saldo de monedas virtuales.

Con el modelo 173 se recabarán detalles sobre la persona o entidad que ha realizado las operaciones, el tipo de divisa que ha usado y la cantidad que ha obtenido o ha vendido.

Además, la Agencia tributaria ha añadido un nuevo apartado en la declaración de la renta dedicado exclusivamente a la declaración de criptomonedas. Será necesario detallar en las nuevas casillas:

- Transacciones realizadas.
- Valor de las adquisiciones de las criptomonedas.
- Fecha en la que se llevaron a cabo.

De esta manera, se calcularán las pérdidas o las ganancias en el borrador de la Renta.

A partir de 2024, la Agencia Tributaria va a requerir que se informe sobre el saldo de monedas virtuales ubicadas en el extranjero. En el Modelo 721 será necesario incluir datos personales como el nombre, el NIF o la entidad que custodia las claves, la identificación y los saldos de cada criptomoneda y cuál es su valor en euros.

El RD 249/2023 indica que no será obligatorio informar sobre criptomonedas en el extranjero si el saldo total de todas las criptomonedas a 31 de diciembre (cuantificando su valor en euros) no supera los 50.000 euros.

Además, será necesario declarar todas las actividades que estén relacionadas con las criptomonedas, como la minería.

Las multas por cada criptomoneda no declarada serán de unos 5.000 euros. Esta cuantía podrá ascender hasta mínimo 10.000 euros si aportas una información incompleta, falsa o inexacta.

Si omites en la Renta tus ingresos obtenidos con criptomonedas la multa podría ser de un 26% del importe que no hayas pagado.

Ley de Familias: nuevos permisos y medidas de conciliación.

La Ley de Familias es una nueva normativa impulsada por el Gobierno para mejorar la conciliación laboral del personal trabajador en España. Su objetivo es reconocer la diversidad de las situaciones familiares y abordar las barreras en la conciliación laboral y en la crianza a la que se enfrentan las familias.

A través de este RD Ley se adoptan medidas urgentes para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

Hasta el momento, el derecho a ausentarse del trabajo venía condicionado a las previsiones de la negociación colectiva o al acuerdo entre la empresa y persona trabajadora. Ahora, y tras la modificación que incluye el mencionado RD Ley 7/2023, el permiso recogido en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores tiene como fin:

- Eliminar las restricciones.
- Y convertir todas las posibilidades de disfrute, incluida la acumulación de las horas retribuidas de ausencia, en un derecho de todas las personas trabajadoras.

En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción acogimiento las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. Esta ausencia se podrá dividir en dos fracciones para el cuidado del lactante hasta que este cumpla 9 meses.

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

La persona que disfrute de este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas.

El derecho no puede transferirse a otra persona. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa solicitan el derecho por el mismo sujeto causante podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito.

Pero, en ese caso, la empresa tendrá la obligación de ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses.

Además de estas novedades, el RD Ley 7/2023 hace referencia al nuevo permiso parental, indicando que se concibe como un permiso de atención a los hijos e hijas distinto de los permisos vinculados al nacimiento.

Este permiso es de titularidad exclusiva e intransferible de cada progenitor. Podrá disfrutarse en función de la voluntad de la persona trabajadora y en atención a sus necesidades y durante un periodo que va más allá del nacimiento.

Las personas trabajadoras tienen derecho a un permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años. Este permiso, que tiene una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, es intransferible y puede disfrutarse de manera flexible. De momento, no tiene remuneración

Cuando las necesidades del servicio lo permitan, le corresponde a la persona trabajadora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute. O en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la empresa con una antelación de 10 días o la concretada por los convenios colectivos.

La persona trabajadora podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración durante 5 días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del:

- Cónyuge.
- Pareja de hecho.
- Parientes hasta el segundo por consanguineidad o afinidad.
- Familiares consanguíneos de la pareja de hecho.
- Cualquier persona que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y necesite cuidados.

Las personas trabajadoras que se acojan a este permiso sí pueden seguir percibiendo su salario. Asimismo, la persona trabajadora puede disfrutar de:

- 15 días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho.

- 2 días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento, el plazo se ampliará en dos días.

La persona trabajadora tiene derecho a ausentarse del trabajo por causas de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles, relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata. Este permiso puede utilizarse por horas o por días hasta sumar un total de 4 días al año.

Mientras la persona empleada se acoja a este permiso la empresa está obligada a retribuir con el salario normal el tiempo en el que se ausente.

En el caso del permiso por fallecimiento del cónyuge, que corresponden 2 días, se tienen en cuenta las parejas de hecho.

Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. Además, la reducción de jornada es un derecho para quienes necesiten encargarse del cuidado de un menor de 12 años o una persona con discapacidad que no realice una actividad retribuida. En este caso, se producirá una disminución del salario.

También pueden solicitar la reducción de jornada aquellas personas que necesiten cuidar del cónyuge o pareja de hecho, o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. Se incluye el familiar consanguíneo de la pareja de hecho que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe una actividad retribuida.

Además, se amplía el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas a cargo con discapacidad que sean menores de 26 años y que tengan una enfermedad grave. Este derecho es de aplicación cuando el grado de discapacidad supere el 65% siempre que dicha condición se acreditase antes de cumplir los 23 años.

Las personas trabajadoras tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. Este período empieza a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tienen derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, las personas trabajadoras que necesiten atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por afinidad. Se incluye el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

El periodo en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia es computable a efectos de antigüedad. Además, la persona trabajadora tiene derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocada por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación.

Durante el primer año va a tener derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva va a quedar referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Si la persona trabajadora forma parte de una familia que tenga reconocida la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se va a extender hasta un máximo de:

- 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general.
- 18 meses si se trata de categoría especial.

Los empleados que disfruten de permisos para cuidar a sus familiares no pueden ser despedidos por sus compañías. Y, por supuesto, no se puede despedir cuando exista alguna causa de discriminación.

En el caso de despido, éste se consideraría nulo. Esto será siempre y cuando no haya causas para la procedencia.

El programa de promoción del empleo autónomo es un programa de ámbito nacional dirigido a personas desempleadas. Está gestionado por las comunidades autónomas, generalmente a través de sus Consejerías de Empleo, y por el Servicio Público de Empleo Estatal en aquellas CC.AA. que no hayan asumido competencias en la materia, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Este programa de apoyo al autoempleo contempla 4 tipos de ayudas, adaptadas en cada comunidad autónoma:

**1) Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia de hasta un máximo de 10.000 euros**

Cuantía a determinar por cada comunidad autónoma para los siguientes colectivos:

- Desempleados en general.
- Jóvenes desempleados de 30 años o menos.
- Mujeres desempleadas.
- Desempleados con discapacidad.
- Mujeres desempleadas con discapacidad.

En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las cantidades anteriores se incrementarán en un 10 %.

La concesión de esta ayuda suele estar condicionada con carácter general a que el beneficiario realice una inversión en inmovilizado o activos de al menos 5.000 €, sin incluir impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, en el periodo comprendido entre los 3 meses anteriores al inicio de la actividad y los 6 meses posteriores a dicho inicio.

Por otra parte, estas ayudas suelen requerir el compromiso de permanecer 2 o 3 años como autónomo, de lo contrario, habrá que devolverlas. Así que, conviene que lo tengas en cuenta y compruebes este extremo en la convocatoria de tu comunidad autónoma.


**2) Subvención financiera**

Esta subvención será equivalente a la reducción de hasta 4 puntos del interés fijado por la entidad de crédito pública o privada que conceda el préstamo, siendo el límite de la subvención de un máximo de 10.000 euros. El préstamo deberá destinarse, al menos en un 75 %, a financiar inversiones en inmovilizado fijo, pudiéndose destinar hasta un 25 % a financiar el activo circulante. En todo caso, el beneficiario deberá realizar una inversión en inmovilizado fijo por cuantía no inferior a 5.000 euros.


**3) Subvención para asistencia técnica**

La cuantía de esta subvención será del 75 % del coste de los servicios prestados, con un tope de 2.000 euros.


**4) Subvención para formación**

La cuantía de esta subvención será del 75 % del coste de los cursos recibidos, con un tope de 3.000 euros.

A continuación, presentamos las subvenciones para autónomos en 2023 correspondientes a cada comunidad autónoma:


**Andalucía**

• Denominación: Subvenciones para el fomento del trabajo autónomo en Andalucía – Línea 2.

• Convocatoria del 01/08/23 al 30/09/24.

• Esta línea de ayudas se dirige a quienes hayan comenzado una actividad y mantengan de forma ininterrumpida su condición de autónomo durante 12 meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud.

• Las cuantías de esta línea de ayudas oscilarán entre los 3.800 y los 5.500 euros en función del solicitante:


**Aragón**

• Denominación: Subvenciones a emprendedores autónomos.

• Convocatorias 2023 Cerradas:

- Para el fomento del relevo generacional.
- Incentivo a la consolidación de proyectos para favorecer el mantenimiento de la actividad por cuenta propia.
- Subvención para favorecer la incorporación al negocio familiar de trabajadores autónomos colaboradores.
- Subvención por la contratación del primer trabajador por cuenta ajena.
- Subvención financiera.
- Subvención al establecimiento como trabajador autónomo.


**Asturias**

• Denominación: Ayudas para el fomento del emprendimiento innovador – Cheque Emprendedor.

• Convocatoria 2023: Cerrada.

• La cuantía de la subvención a percibir por los beneficiarios será de 10.000 euros.


**Baleares**

• Denominación: Ayudas destinadas a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU.

• Convocatoria Cerrada. Hasta el 30/06/23.

• Programas

- Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital.

- Programa 2: ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad por la transformación productiva hacia una economía verde y digital.


**Canarias**

• Denominación: Subvenciones de promoción del empleo autónomo.

• Convocatoria Cerrada. Hasta el 02/10/23.

• Beneficiarios

- Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo u otros servicios, no ocupadas, en el Servicio Canario de Empleo (SCE), cuando se establezcan como trabajadoras autónomas o por cuenta propia en la Comunidad Autónoma de Canarias y se hayan dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar por Cuenta Propia o Autónomos, en el régimen especial que corresponda o en la Mutualidad del colegio profesional y que, además, cumplan el resto de requisitos exigidos en las Bases Reguladoras, así como en la normativa que le sea de aplicación con carácter general.
- Las personas solicitantes podrán ser beneficiarias cuando formen parte de comunidades de bienes (CB), o  sociedades civiles particulares (SCP), siempre que las subvenciones se soliciten a titulo personal.
- También podrán ser beneficiarias las personas que hayan causado alta en la Seguridad Social como trabajadoras autónomas dependientes (TRADE).


**Cantabria**

• Denominación: Subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo.

•  Convocatoria 2023: Convocatoria abierta.

La solicitud deberá ser presentada en el plazo de 3 meses después de la emisión del informe de viabilidad, contados a partir de la fecha de emisión de dicho informe, debiendo ser presentada la solicitud con carácter previo al alta en la Seguridad Social o sistema alternativo.  El informe de viabilidad favorable ha de presentarse junto a la solicitud de la ayuda.

• Cuantía

- 4.800 euros para hombres desempleados en general.
- 6.000 euros para mujeres desempleadas en general.
- 6.800 euros para personas con discapacidad, personas jóvenes menores de 35 años o personas con 45 o más años de edad.
- 8.000 euros para mujeres víctimas de violencia de género.

Las anteriores cuantías se incrementarán en 500 euros en el caso de personas que a fecha de presentación de la solicitud cumplan los requisitos para aplicarse la tarifa plana.


**Cataluña**

• Denominación: Medidas económicas y sociales para empresas y autónomos.

• Convocatoria abierta.

• Beneficiarios: Empresas y autónomos de Cataluña que se encuentren enmarcados dentro de los sectores a los que se dirigen las subvenciones y medidas con su plazo de presentación abierto.


**Castilla La Mancha**

• Denominación: Subvenciones de impulso al trabajo autónomo.

• Convocatoria 2023: Cerrada.

• Líneas de ayudas:

- Línea 1. Ayudas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de la persona trabajadora autónoma.
- Línea 2. Ayudas para el fomento del relevo generacional.
- Línea 3. Ayudas al familiar colaborador de la persona trabajadora autónoma.
- Línea 4. Ayudas para la primera contratación indefinida de personas por cuenta ajena.

• Cuantía

- Línea 1: máximo de 1.200 euros al mes.
- Línea 2: máximo de 6.000 euros.
- Línea 3: máximo de 3.000 euros.
- Línea 4: máximo de 9.000 euros.


**Castilla y León**

• Denominación: Subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo en Castilla y León.

• Convocatoria 2023: Cerrada.

• Beneficiarios: Personas físicas, incluidas aquellas que formen parte de una entidad sin personalidad jurídica, que se establezcan por cuenta propia y cumplan los requisitos.


**Extremadura**

• Denominación: Subvención para el fomento, consolidación y modernización del empleo autónomo.

• Convocatoria 2023: ABIERTA: del 15/02/2023 al 14/02/2024.

• Programas:

- Programa I. Ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas.
- Programa II. Ayudas a la persona autónoma que propicien la inserción laboral de un familiar colaborador.
- Programa III. Ayudas por el mantenimiento y modernización de la actividad de autoempleo, a personas trabajadoras autónomas que hayan sido beneficiarias de las ayudas del Programa I previstas en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, o en el actual decreto de bases reguladoras.
- Programa IV. Ayudas a personas ocupadas, encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, que inicien una actividad empresarial o profesional como personas trabajadoras autónomas, siempre que deban quedar encuadradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Cuantía:

- Subvención de 1.000 euros para las personas beneficiarias de las ayudas del Programa III.
- Subvención de 5.000 euros para las personas ocupadas, encuadradas en el Régimen General de Trabajadores por cuenta ajena, beneficiarias de las ayudas del Programa IV.
- Subvención de 5.000 euros en el caso de hombres desempleados establecidos como autónomos y beneficiarios del Programa I o, en el caso de familiar colaborador, causante en el Programa II, que no se encuentren encuadrados en ninguno de los grupos del siguiente apartado.
- Subvención de 7.500 euros en el caso de hombres desempleados establecidos como autónomos de los Programas I y II.
- Subvención de 9.000 euros en el caso de mujeres desempleadas establecidas como autónomas, en los Programas I y II.
- Adicionalmente, en los Programas I y II, una subvención de 1.000 euros que incrementará el importe correspondiente a las personas solicitantes por cualquiera de los grupos definidos en los apartados 4 y 5, excepto el del apartado 4.e), cuando  la persona beneficiaria en el caso del Programa I, o causante en el caso del Programa II, ejerza su actividad en un municipio de menos de 5.000 habitantes, de acuerdo con las cifras oficiales de población a las que se refiere el apartado 4.e) anterior.


**Galicia**

• Denominación: Siempre autónomo. Fomento del autoempleo.

• Convocatoria 2023: CERRADA.

• Beneficiarios: Aquellas personas que provoquen alta definitiva en el régimen especial de autónomos o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o en la mutualidad de un colegio profesional entre el 1 de octubre de 2022 y el 29 de septiembre de 2023, ambos inclusive, como titulares o copropietarios del negocio u operación.


**La Rioja**

• Denominación: Promoción de la consolidación del trabajo autónomo.

Convocatoria 2023: CERRADA.

• Beneficiarios: Autónomos que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.

• Cuantía:

- Autónomos que se hayan dado de alta entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021: 1.380 euros o el que proporcionalmente corresponda.
- Autónomos que se hayan dado de alta entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021: 540 euros o el que proporcionalmente corresponda.


**Comunidad de Madrid**

• Denominación: Ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia.

• Convocatoria 2023: Convocatoria abierta.

• Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas desempleadas que se den de alta como trabajadores autónomos, cuyo inicio de actividad se realice a partir del 1 de octubre de 2015.


**Región de Murcia**

• Denominación: Subvenciones para el fomento del empleo autónomo.

Convocatoria 2023: Convocatoria abierta.

• Cuantía
- 6.000 euros: menores de 30 años, de 45 a 54 años y de 30 a 44 años parados de larga duración.
- 8.000 euros: con discapacidad, en riesgo de exclusión social, víctima de terrorismo, perceptores del ingreso mínimo vital o renta mínima de inserción, de 45 a 54 años parados de larga duración y de 55 o más años. 9.000 euros si son mujeres.
- 7.000 euros, en general.


**Navarra**

• Denominación: Subvenciones para la promoción del empleo autónomo.

• Convocatoria 2023: CERRADA.

• Tramitación: El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad del Colegio profesional correspondiente, siempre y cuando se hubiera publicado en el BON la autorización del gasto correspondiente.

• Cuantía: Subvención en cuantía variable (a partir de 2.000 euros) en función de las circunstancias personales de quien se establece como trabajador/a autónomo/a.


**País Vasco**

• Denominación: Fomento de iniciativas emprendedoras 2023.

• Convocatorias 2023: Convocatorias abiertas.

• Medidas

- Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales.
- Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas.
- Ayudas a la transmisión empresarial.
- Consolidación empresarial.


**Comunidad Valenciana**

• Denominación: EAUTOP 2023 programa Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad – emprendimiento y microempresas.

• Convocatoria 2023: CERRADA.

Cuantía: El importe de la subvención ascenderá a 5.000 euros a tanto alzado por persona beneficiaria.

¿Qué es el capital circulante de una empresa?

Existen varios ratios y fórmulas que ayudan a la hora de comprender cómo evolucionan los negocios, su viabilidad y su salud financiera. Uno de esos indicadores es el capital circulante.

Seguramente hayas oído infinidad de veces la frase “esa empresa tiene problemas de liquidez”. O “aquella compañía tuvo que cerrar por falta de liquidez”. Pero ¿sabes realmente qué significa? O mejor dicho, ¿sabes lo que implica?

A continuación, explicaremos qué es la liquidez de una empresa, qué quiere decir tener falta o exceso de liquidez y, sobre todo, cómo se calcula.

Para explicar qué es la liquidez de una empresa, primero debemos aclarar algo: liquidez y solvencia no son lo mismo.

Se trata de dos conceptos que suelen ir de la mano. Y por eso, muchas personas tienden a confundirlos. Pero existe un matiz que los diferencia. Veamos el significado de cada uno:

• **Solvencia.** Se entiende como solvencia la capacidad de asumir todas las responsabilidades financieras en un largo periodo de tiempo.

• **Liquidez.** Representa la habilidad de una empresa de convertir los activos en efectivo con rapidez y sin caer en una pérdida de valor importante.

Como ves, la solvencia es un concepto asociado al largo plazo y la liquidez al corto. No obstante, ambos hacen referencia a los compromisos y recursos económicos de la compañía.

Todos los bienes y derechos que tiene una empresa susceptibles de convertirse en dinero líquido en un plazo inferior a un año -que podría decirse son de corto plazo- es lo que se conoce como capital circulante o activo circulante.

Por lo general, se caracterizan por su utilización en el proceso productivo para incorporarlos al producto final. Un buen ejemplo de esto, serían las materias primas necesarias para poder producir un bien determinado. Si habláramos de una editorial, el papel y la tinta necesarios para imprimir libros, serían una de las partes más importantes de su activo circulante.

El capital circulante es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante de una empresa.  

Representa la cantidad de recursos que una empresa tiene a su disposición para financiar las operaciones diarias y cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  Es decir, se trata de un indicador financiero que permite conocer la liquidez de la empresa.

Antes de calcular el capital circulante necesitas conocer la composición del balance de la empresa, que se divide en activo y pasivo (ambos deben sumar el mismo importe).

• En el activo se encuentran los bienes y derechos como el inmovilizado, las inversiones financieras, las mercaderías o la tesorería. Se divide a su vez en activo no corriente (largo plazo) y activo corriente (corto plazo).

• En el pasivo encontramos todas las obligaciones como los acreedores o las deudas. Se divide en patrimonio neto (capital y reservas), pasivo no corriente (deudas a largo plazo) y pasivo corriente (deudas a corto plazo).

Con esto en mente, el cálculo es sencillo: **Capital Circulante = Activo Corriente – Pasivo Corriente**.

Aquí puedes ver más claro que el capital circulante, hace referencia a los recursos de corto plazo que una empresa utiliza para financiar sus operaciones diarias y mantener su funcionamiento.  Es vital para garantizar la supervivencia de la empresa en el corto plazo.

El activo circulante es una pieza esencial en la estructura financiera de cualquier empresa. Es el pulso financiero de corto plazo de una empresa que brinda la agilidad y solvencia requeridas para atender compromisos y garantizar operaciones diarias sin contratiempos. Además, tiene estas otras características:

• Se usa para pagar créditos a corto plazo.

• Su disponibilidad para convertirse en dinero líquido es inferior a doce meses.

• Cubre los gastos de las operaciones normales de la empresa.

• También debe cubrir las deudas que no hayan pagado los clientes.

• Se incluyen las materias primas que estén dentro del inventario o los productos que ya estén listos para ser vendidos.

• El dinero efectivo se encuentra en la caja y los bancos forma parte de este activo.

Las cuentas que forman parte del activo circulante se recogen dentro del Plan General Contable y sus principales componentes activos son los siguientes.

• Tesorería o caja. Se denomina así al dinero que tiene la empresa en caja y en los bancos para atender los pagos pendientes de la compañía.

• Existencias. Son las materias primas que se necesitan para la producción y los productos ya terminados hechos por la empresa.

• Inversiones financieras a corto plazo. Es decir, aquellos productos financieros que tienen plazo de vencimiento inferior a un año. En este caso, puede ser un depósito.

• Deudas a cobrar a corto plazo. Corresponden a las cantidades de las que la empresa es acreedora.

Este indicador permite conocer la salud del negocio y tomar acción para garantizar la viabilidad de la empresa.

El concepto de capital circulante es esencial para entender la viabilidad del negocio. Con esta información se tiene constancia del dinero disponible en los próximos meses. Gestionar correctamente estos datos ayudará a hacer una correcta gestión de la liquidez.

Además de todo esto, también es clave comprender que el capital circulante se apoya muchas veces en el fondo de maniobra, un concepto que abarca a los recursos financieros a largo plazo y que le permiten a una empresa mantener su continuidad de la actividad a corto plazo.

Así, también es útil para conocer de una manera más clara cómo es la salud financiera de la empresa en términos del corto plazo.

El fondo de maniobra se puede calcular restando al activo corriente o capital circulante, el pasivo corriente. Además puede darse que el fondo de maniobra sea positivo y negativo. Las diferencias son las siguientes.

• Cuando el fondo de maniobra es positivo, sucede que el activo corriente supera al pasivo corriente. Esto indica que la empresa puede hacer frente a las deudas que tiene a corto plazo y es un claro indicador de que la empresa atraviesa una buena situación financiera.

• Cuando el fondo de maniobra es negativo, sucede que los pasivos corrientes superan a los activos corrientes, por lo que hay una falta de liquidez. Esto evidencia que la empresa no tiene suficientes activos a corto plazo y tiene inconvenientes para hacer frente a las deudas con vencimiento próximo.

Tras realizar los análisis anteriores puede ocurrir que la empresa presente falta de liquidez o exceso de liquidez. Dos situaciones que no son para nada halagüeñas.

Veamos cómo actuar ante la primera. La falta de liquidez en una empresa es uno de los temas más complejos. Sin embargo, antes de llevarte las manos a la cabeza, debes saber que los valores que hemos mencionado antes para los ratios de liquidez, acidez y tesorería están sujetos a variaciones.

Todo depende de tu sector y de las acciones que hayas llevado a cabo recientemente. Aunque, si sabes cómo se mide la liquidez de una empresa, no tendrás problema a la hora de interpretar resultados.

Es decir, pongamos que acabas de realizar todos los pagos pendientes a proveedores. Lo más común es que tu liquidez no sea la más holgada. ¡Pero esto no es preocupante, sino natural! Y deberías tenerlo en cuenta.

Ahora bien, una vez hechos los cálculos de ratio de liquidez de tesorería, debes hacerte una pregunta: ¿Puedo hacer frente a mis compromisos más inmediatos? Si la respuesta es negativa, lo más probable es que exista una razón para ello. La caída de las ventas, la reducción de los márgenes de productos o la mala planificación financiera son claros detonantes. En este caso, lo ideal sería realizar un diagnóstico profundo de la situación para detectar el origen del problema y poner solución.

Hay empresarios que piensan que los problemas de liquidez son siempre por falta de la misma. Sin embargo, tener exceso de liquidez también es un inconveniente para la empresa.

Esta situación, al igual que la anterior, se origina por una mala gestión económica. Es decir, si un startup tiene más recursos que compromisos a corto plazo, es porque este no se ha invertido de forma eficiente. ¿La solución? Realizar inversiones inteligentes o retribuir a los accionistas a través de un reparto de dividendos.

Como ves, son muchas las decisiones que se deben tomar en una startup o empresa para que en términos financieros todo esté en orden.

Cómo demostrar que no tienes deudas con Hacienda.

Cada vez que necesitamos demostrar que nuestras obligaciones fiscales están en orden, surge la necesidad de un documento que avale nuestra situación, y ese no es otro que el certificado de estar al corriente de pago con Hacienda.

Una certificación o certificado tributario es un documento expedido por la Administración tributaria que acredita hechos relativos a la situación tributaria de un obligado tributario.

El certificado de estar al corriente con Hacienda es un certificado tributario. Con la expedición de este certificado se acredita si el obligado tributario está o no al corriente de obligaciones tributarias.

Cuando se emite el certificado, puede tener diferentes resultados. El resultado de este certificado podrá ser:

• Positivo: Este resultado es el que todo el mundo espera, certifica que la persona se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias.

• Negativo: Esto puede darse en los siguientes casos:

- Se deniega el certificado por deudas del solicitante.
- Se deniega el certificado por falta de presentación de declaraciones del solicitante.
- Se deniega el certificado por los dos motivos anteriores.

Un certificado tributario tiene carácter informativo. Es por ello que no puede interponerse un recurso contra ellos, aunque sí puede manifestarse su disconformidad con los datos que forman parte de su contenido. Para ello hay un plazo máximo, para realizar un escrito donde se solicite la modificación de la certificación, que se acompañará de las pruebas necesarias para ello.

En cuanto a la validez, será de 12 meses a partir de la fecha de expedición si no se producen modificaciones ni la normativa específica del certificado tributario establezca otra cosa y se refiera a obligaciones periódicas. En el caso de obligaciones no periódicas el periodo de validez será de 3 meses.

El motivo más habitual para solicitar el certificado de estar al corriente es para poder acceder a ayudas y subvenciones, tanto estatales como autonómicas.

También puede ocurrir cuando se firman acuerdos con proveedores y otras empresas, que en ese momento se solicite esta información.

Es muy frecuente también este tipo de certificado para participar en un concurso o licitación.

Un último motivo por el que suele necesitarse el certificado es cuando se transmite una sociedad o cuando se procede a la liquidación o disolución de una empresa o negocio.

Para solicitar el certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria se puede optar por el modo electrónico, para el que se necesita algún medio de autenticación, o acudir de forma presencial en Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria.

De forma similar al certificado de Hacienda de no tener deudas, el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social es un documento que tiene como objetivo certificar que no tienes obligaciones pendientes con este organismo.

Con este documento se puede acreditar que una persona física o una empresa no tiene ningún tipo de deuda con la Seguridad Social.

Este certificado puede ser necesario a la hora de realizar trámites con las Administraciones Públicas. Concretamente, se exige para los siguientes procedimientos:

- Solicitar algunas reducciones o bonificaciones en las cuotas. Para aprovechar los beneficios de la tarifa plana de autónomos es indispensable estar al corriente del pago de las cuotas de cotización a la Seguridad Social.

- Acreditar solvencia ante entidades bancarias o proveedores. Hay empresas que le piden a los autónomos con los van a trabajar su certificado de la Seguridad Social para asegurarse de que no habrá incidencias en el pago de las facturas. Lo mismo puede ocurrir con los bancos, aunque es menos común.

- Acceder a la mayoría de las subvenciones o ayudas.

- Optar por concursos o contratos públicos.

- Solicitar aplazamiento de pago de deudas.

Tras la entrada en vigor del RD Ley 13/2022 se estableció un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia. Este RD Ley incluyó una serie de modificaciones que afectaron a los autónomos con Tarifa Plana. ¿Cómo es la Tarifa Plana de autónomos en 2024?

La Tarifa Plana para personas trabajadoras autónomas es una medida que consiste en el pago de una cuota mensual reducida a la Seguridad Social durante uno o dos años.

Se aplica antes de que el autónomo o autónoma pase a formar parte del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

La Tarifa Plana de autónomos de la Seguridad Social, o cuota reducida, está destinada a todos los nuevos emprendedores que se den de alta por cuenta propia. Para acogerse a esta ayuda inicial hay una serie de condiciones que debes cumplir:

• No haber estado dado de alta como autónomo en los últimos 2 años (en caso de haber disfrutado esta bonificación el plazo subirá a 3 años).

• No ser autónomo colaborador. Los colaboradores (familiares) tienen sus propias bonificaciones.

• Estar al día con Hacienda y la Seguridad Social. Si tienes alguna deuda con ellas, no podrás acceder a la bonificación. En el caso de que no quieras llevarte sorpresas solicita un Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, el trámite telemático es muy sencillo.

La Tarifa Plana para autónomos en 2023 refleja cambios respecto a la de años anteriores. De hecho… ¡Ha dejado de existir como tal! Aunque sigan llamándola tarifa plana, que sepas que se refieren a la cuota reducida de 80€.

El cambio a la modalidad de pago en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia supuso, a su vez, un cambio en la cuota de autónomo.

De este modo, la cantidad a pagar quedó de la siguiente manera:

• Primeros 12 meses: La cuota mensual es de 80 euros para aquellos que coticen por la base mínima.

• Desde el mes 12 hasta el 24: Las personas que tengan unos rendimientos que no superen el SMI durante el segundo año pagan 80 euros. En caso de superar el SMI, se aplica la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos. Es decir, se pierde la bonificación.

Esto supone que, para las personas que en años anteriores tenían unos ingresos bajos, la cuota será más reducida. En cambio, aquellos con ingresos superiores al SMI dejarán de disfrutar el segundo año de la Tarifa Plana.

Las condiciones de la tarifa plana para nuevos autónomos no han tenido cambios en 2024, pero sí hay un impuesto progresivo desde 2023 que incrementará levemente el importe de la cuota: El MEI.

El MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, es un impuesto que afecta tanto a trabajadores por cuenta propia, independientemente del año de alta como autónomo, como a asalariados.

El MEI es el principal motivo de que los nuevos autónomos vieran el año pasado que el recibo de autónomo era más que los 80€ prometidos por la medida de la tarifa plana. En la gran mayoría de casos, la cuota era de alrededor de 85€. y en 2024 subirá algún euro más.

Si cumples los requisitos para ampliar 12 meses más la tarifa plana debes comunicarlo a la Seguridad Social con un mes de antelación a través de Importass.

En el año 2023 varias comunidades autónomas lanzaron la cuota cero, o tarifa cero. Y en 2024 esta medida se ha expandido por más autonomías del territorio español.

La cuota cero implica la devolución de todo el importe invertido en las cuotas de autónomo de entre aquellos acogidos a la cuota reducida, lo que implica un ahorro de 1.000€ al año. Según qué comunidad autónoma, esta medida se aplica durante uno, o dos años.

Las Comunidades que han aplicado o anunciado la cuota cero para los nuevos autónomos son las siguientes: Andalucía, Murcia, Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid.

En determinadas Comunidades Autónomas existe la posibilidad de ampliar la Tarifa Plana para autónomos.

Por ejemplo, en Cuenca, Soria y Teruel la cuota reducida dura tres años, independientemente de si se supera el SMI anual en el primer año. Una medida especial enfocada a la España vaciada.

Los autónomos con un grado de discapacidad del 33% o superior, podrán disfrutar de la tarifa plana durante 36 meses más. Es decir, que la bonificación llegará a los 5 años.

Desde el tercer año el importe que pagarán será de 160€ en vez de los 80€ de la tarifa plana. Una cifra que sigue siendo bastante inferior a la cuota que pagan los autónomos sin bonificación.

Los autónomos societarios pueden disfrutar de la Tarifa Plana como cualquier otro trabajador por cuenta propia.

Además, los autónomos que se encuentren en situación de pluriactividad, es decir, que trabajen por cuenta ajena y por cuenta propia al mismo tiempo, podrán también solicitar la Tarifa Plana en 2024 con una duración de 3 años.

Además, los autónomos menores de 30 años y las mujeres autónomas menores de 35 podrán solicitarla (con una ampliación de 1 año) con respecto a otros autónomos.

• Los autónomos que trabajen por cuenta ajena a jornada completa: podrán disfrutar de una reducción de la base de cotización del 50% durante los primeros 18 meses. Y de los meses 19 al 36 esa reducción será de un 25%.

• Los autónomos que trabajen por cuenta ajena a tiempo parcial a más de media jornada: podrán aplicar un 25% de descuento sobre la base de cotización durante los 18 primeros meses. Y de los meses 19 a 39 esa reducción será de un 15%.

Los autónomos que desarrollaban su actividad económica en un municipio con menos de 5000 habitantes podían acceder a la tarifa plana rural, con una bonificación especial en el pago de cuotas. Desde 2023 ya no existe esta medida a nivel estatal.

Sin embargo, en ciertas comunidades autónomas siguen ofreciendo incentivos a emprendimiento en zonas despobladas o rurales. Y no son pocas. Fue el caso de la Comunidad Valenciana el año pasado, o Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, Castilla y León.

Si no vives en uno, no intentes empadronarte para acceder a ella porque no servirá de nada, ya que existe un periodo de latencia.

Entra en vigor de la cotización de los becarios

Todos los becarios cotizarán a la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2024. Esto es alumnos universitarios y de formación profesional que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas (ya sean remuneradas o no) incluidas en programas de formación.

Hasta el momento, únicamente los estudiantes con prácticas remuneradas cotizaban a la Seguridad Social en concepto de contingencias comunes y contingencias profesionales. Con el cambio cotizarán todos.

Esta medida surge para obligar a computar los períodos de prácticas en la vida laboral con efectos de cara a la jubilación.

• Las realizadas por alumnado universitario de grados, máster, doctorado, títulos propios de la universidad, diplomas de especialización o de experto.

• Las realizadas por alumnado de FP, siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva.

A partir del 1 de enero de 2024 estas personas trabajadoras en prácticas comenzarán a cotizar, mejorando así la situación de todos los becarios.

Las empresas que acojan a becarios, incluyendo las prácticas que realicen alumnos universitarios y de Formación Profesional, les van a tener que dar de alta en la Seguridad Social.

Por tanto, todos los becarios se tienen que dar de alta, independientemente de si reciben remuneración o no. Se excluyen aquellos que hagan prácticas a bordo de embarcaciones dependiendo del Régimen Especial del Mar.

La acción protectora será la correspondiente al régimen de Seguridad Social aplicable (Régimen General o Régimen Especial de los Trabajadores del Mar), con la exclusión de la protección por desempleo, de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional.

En el supuesto de las prácticas no remuneradas se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, se abonarán por la entidad gestora o, en su caso, por la mutua colaboradora, mediante pago directo de la misma, y las prestaciones que correspondan por la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o profesionales se abonarán en todo caso mediante pago delegado.

En el caso de prácticas formativas remuneradas las obligaciones en materia de Seguridad Social corresponderá a la entidad que financie el programa de formación. Las altas y las bajas en la Seguridad Social se van a practicar según la normativa general de aplicación.

En las prácticas formativas no remuneradas será la empresa donde se desarrollen las prácticas quien cumpla con las obligaciones en materia de Seguridad Social. A no ser que exista un convenio en el que se indique que la responsable será la entidad formadora.

Los becarios en prácticas cotizarán en Seguridad Social, pero:

• No cotizarán por los conceptos de desempleo, FOGASA o formación profesional.
• Tampoco van a aportar el MEI.

En las prácticas no remuneradas se excluirá la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Se deberá realizar alta en Seguridad Social al inicio de las prácticas y baja a su finalización.

A efectos de comunicar a TGSS el alta y baja habrá un plazo de 10 días naturales desde el comienzo o fin de las prácticas.

El plazo para ingresar las cuotas en las prácticas no remuneradas se establecería de la siguiente manera (habrá posibilidad hasta el penúltimo día natural de los siguientes meses):

• Ingreso de cuotas de enero, febrero y marzo, se realizará en abril.
• Ingreso de cuotas de abril, mayo y junio, se realizará en junio.
• Ingreso de cuotas de julio, agosto y septiembre, se realizará en octubre.
• Ingreso de cuotas de octubre, noviembre y diciembre, se realizará en enero.

A partir del 1 de enero de 2024 la cotización en el supuesto de prácticas formativas no remuneradas va a consistir en una cuota empresarial por cada día de alta de 2,36 € por contingencias comunes y de 0,29 € por contingencias profesionales.

En cuanto a la retroactividad de esta medida, la normativa no contempla efectos retroactivos. No obstante, se ofrece la opción de suscribir un convenio especial, cuyo coste recae en los becarios y abarca un periodo de 5 años. Aquellos que hayan desempeñado funciones como becarios antes del 1 de enero de 2024 pueden suscribir este convenio especial. Dicho convenio les permitirá contabilizar la cotización correspondiente a los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas llevadas a cabo antes de la entrada en vigor de la norma, con un límite máximo de cinco años.

La inclusión en el sistema de Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas, estaba prevista inicialmente para 1 de octubre de 2023, según el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.

Pero se retrasó hasta 1 de Enero de 2024 por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con el objetivo de facilitar, durante esta vacatio legis, la adaptación de los centros formativos y de quien deba asumir la condición de sujeto responsable del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social respecto a las personas que realicen las prácticas.

No obstante, los becarios que, con anterioridad a 1 de Enero de 2024, hayan realizado prácticas formativas, podrán suscribir el denominado convenio especial, por una única vez, para que les posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de prácticas no laborales realizados antes de 1 de Enero de 2024, hasta un máximo de cinco años, al haberse ampliado por el Real Decreto-ley 5/2023 los dos años que se preveían inicialmente.

Novedades de la declaración de la renta.

La Campaña de la Renta y Patrimonio empieza el 3 de abril, y trae consigo varias novedades y extensiones en los plazos cruciales para todos los contribuyentes. En este artículo te contamos algunas de las más importantes.

La Agencia Tributaria ha decidido iniciar esta temporada fiscal justo después de Semana Santa. La campaña empezará 8 días antes en comparación con el año anterior, lo que otorga a los contribuyentes más tiempo para preparar y presentar sus declaraciones.

El proceso de declaración de este año se extiende hasta el 1 de julio de 2024, un día más de lo habitual, adaptándose al calendario, ya que el 30 de junio es domingo. Los contribuyentes podrán empezar a presentar sus declaraciones a través de Internet desde el inicio de la campaña.

Además, hay cambios significativos en cuanto a la asistencia proporcionada por la Agencia Tributaria:

• 3 de abril – 1 de julio de 2024: Presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023.

• 7 de mayo – 1 de julio de 2024: Asistencia telefónica para confeccionar las declaraciones, con citas disponibles desde el 29 de abril hasta el 28 de junio.

• 3 de junio – 1 de julio de 2024: Atención presencial en las oficinas, con citas disponibles desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio.

Una de las principales novedades que llegan con motivo del nuevo ejercicio se da mediante el Real Decreto de medidas anticrisis, que fue aprobado por el consejo de ministros en 2023, y en el que Hacienda se reserva la posibilidad de que sea obligatorio presentar la declaración de la Renta a través de internet. No obstante, para ello deberán establecerse mecanismos de atención personalizada para todos aquellos que necesiten de ayuda. Esta novedad también será aplicada sobre el Impuesto sobre el Patrimonio en 2024.

En un cambio significativo, todos los autónomos, independientemente de sus ingresos, deben presentar la declaración de la renta. Esto implica un incremento notable en el número de contribuyentes obligados a declarar.

Con la llegada de la Renta 2024, aumenta el mínimo exento para la presentación de la declaración. De esta manera, tendrán obligación de presentar el IRPF quienes hayan percibido más de 15.000 euros con dos o más pagadores y el segundo y siguientes pagadores superen, en su conjunto, los 1.500 euros.

Esta novedad supone un incremento del mínimo exento para declarar, que anteriormente se encontraba en 14.000 euros en este tipo de casos.

Las criptomonedas entran con fuerza en el radar de Hacienda. Los residentes en España con criptoactivos en el extranjero valorados en más de 50.000 euros deben incluirlos en su declaración. Esto abarca tanto a titulares como a beneficiarios de monedas virtuales en el extranjero.

Una de las grandes novedades de la Renta 2024 afecta de forma directa a los rendimientos del alquiler de inmuebles. Con la nueva Ley de Vivienda se modifica la configuración de las reducciones en los arrendamientos, quedando estos establecidos de la siguiente forma:

• Reducción general del 50%: la reducción general pasa del 60% al 50% en 2024.

• Reducción del 60%: aplicable en el caso de que se haya llevado a cabo alguna obra de rehabilitación en los dos años previos a poner en alquiler el inmueble.

• Reducción del 70%: en este caso se puede aplicar la reducción en los alquileres a jóvenes de entre 18 y 35 en mercados tensionados.

• Reducción del 90% en arrendamientos de mercados tensionados: es posible aplicarlo sobre aquellos contratos que tengan una rebaja del 5% sobre el contrato anterior en zonas en las que el mercado esté tensionado.

A pesar de que ya entró en vigor en julio del pasado año, en la Renta 2024 se mantiene el aumento hasta 0,26 euros por kilómetro recorrido la cuantía que puede ser imputada como parte de las dietas y gastos de desplazamiento por parte de los trabajadores.

El sistema de módulos continúa cambiando, y aunque se ha optado por una prórroga de los límites para poder tributar en estimación objetiva en 2024, la reducción del rendimiento neto por módulos se ve afectada y se reduce al 5% frente al 10% del pasado año 2023, un porcentaje especial que fue aprobado como una medida por el incremento de los costes.

En el Real Decreto 1008/2023, se establece que con efectos desde el 7 de diciembre de 2023 y vigencia indefinida, la exención de los rendimientos del trabajo derivados de la entrega de acciones o participaciones a trabajadores de empresas emergentes.

No será necesario que la entrega de acciones o participaciones se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa debiendo efectuarse dentro de la política retributiva general de la empresa y contribuir a la participación de los trabajadores en esta última.

Se ha decidido ampliar hasta diciembre de 2024 la deducción por la compra de un vehículo eléctrico. De esta manera, en la Renta 2024 será posible desgravar un 15% del valor de adquisición con respecto a una base máxima de 20.000 euros.

Asimismo, también es posible aplicar una deducción de un 15% por la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, pudiendo utilizarse sobre una base máxima de 4.000 euros.

Mediante el Real Decreto 1008/2023, se produce una reducción al 7% la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre los rendimientos del trabajo que están derivados de la elaboración de obras científicas, artísticas o literarias.

Por último, hay que hablar de la posibilidad de que los autónomos imputen como gastos de difícil justificación un 7% sobre la cifra de negocio hasta un máximo de 2.000 euros, lo que supone un aumento de dos puntos sobre el porcentaje anterior (5%).

A todas estas novedades mencionadas hay que sumar algunas novedades relacionadas con el IRPF de 2023 que se aplicarán en la Renta de 2024, como es el caso del incremento del límite de las aportaciones a planes de pensiones hasta 8.500 euros en algunos casos, el aumento de la reducción por la obtención de rendimientos del trabajo, y la deducción por maternidad para mujeres con hijos menores de 3 años.

Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero.

El modelo 721 es un nuevo modelo fiscal para declarar la tenencia de criptomonedas en el extranjero, que comenzará a aplicarse en 2024 en referencia al ejercicio 2023. Su razón de ser es permitir a Hacienda tener un conocimiento real acerca de la tenencia de monedas virtuales digitales, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se encuentran depositadas en casas de cambio situadas en el extranjero.

Una de las características tradicionales de las monedas virtuales es su capacidad para eludir el control fiscal de las autoridades tributarias de los distintos países y, en este sentido, desde 2021 se comenzaron a da pasos en España para atacar este problema.

Una moneda virtual se define como una representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente.

Los obligados a presentar el modelo 721 son:

- Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español

- Los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades no residentes  

- Las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

Esta nueva obligación operará en referencia a la totalidad de las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario, autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, o de las que se sea titular real.

Solo se estará obligado a presentar el modelo 721 si el valor total de las criptomonedas en el extranjero supera los 50.000 euros a 31 de diciembre.

La presentación del modelo 721 será obligatoria tanto si se sigue siendo titular de criptomonedas a 31 de diciembre del ejercicio correspondiente (en este caso, 2023) como si no. En este último caso, la información que se deberá suministrar será la correspondiente a la fecha en la que se produjo la extinción.

Las primeras declaraciones relativas a las obligaciones de información sobre monedas virtuales en el extranjero se deberán presentar a partir de 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, en referencia a su tenencia durante el ejercicio 2023.

El modelo 721 deberá reflejar cierta información mínima. Se trata de los siguientes datos:

- Nombre y apellidos o la razón social o denominación completa y, en su caso, número de identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad que proporciona servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros.

- Identificación completa de cada tipo de moneda virtual.

- Saldos de cada tipo de moneda virtual a 31 de diciembre, expresados en unidades de moneda virtual y su valoración en euros.

La presentación de la declaración en los años sucesivos solo será obligatoria cuando el saldo conjunto hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

Las sanciones por no presentar el modelo 721 serán las mismas que en el caso del modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero (en el que no se incluyen las criptomonedas).

En principio, se aplicará una multa de 300 euros por no presentar el modelo 721 si lo requiere la Administración, así como a una multa de 150 euros por presentación incorrecta. También puede aplicarse una multa de 20 euros por registro no declarado o requerido, o una multa de 10 euros por hacerlo incorrectamente.

Estas sanciones prescribirán a los 4 años, o en 5 en caso de delito fiscal y en 10 para delitos fiscales agravados.

Deben presentar el modelo 720 todas las personas físicas o jurídicas que residan en territorio español (incluidos los territorios forales) que sean titulares, beneficiarios o autorizados sobre bienes y derechos ubicados en el extranjero.

Si vives en España (Incluido Navarra, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y tienes bienes o derechos en el extranjero, como cuentas bancarias o propiedades, debes informar a Hacienda mediante el modelo 720. Esto aplica tanto para personas como para empresas.

Como cualquier declaración o modelo su objetivo principal es informar a las Administraciones Públicas sobre bienes localizados fuera de España. Más específicamente, el modelo 720 informa sobre tres bloques:

- Valores (como las acciones), seguros y rentas depositadas en el extranjero.
- Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
- Cuentas en entidades bancarias situadas en el extranjero

Existe obligación de informar cuando se supere el límite de los 50.000 euros (y no concurra ninguna de las demás excepciones a la obligación de declarar) con independencia del número de titulares sobre el mismo. Además, se informará también de los saldos totales sin prorratear, indicando el porcentaje de participación.

Estos son los tipos de contribuyentes que están obligados a presentar el modelo 720 si se encuentran en alguno de los tres supuestos que relacionamos en el punto siguiente:

- Personas físicas y jurídicas residentes en España.
- Establecimientos permanentes en España de personas físicas/jurídicas no residentes.
- Entidades del 35.4 LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes).

1. Cuentas bancarias: Ser titular, cotitular, representante, autorizado o beneficiario de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, cuyos saldos medios del último trimestre o a 31 de diciembre superen conjuntamente los 50.000 €.

2. Valores: Ser titular o titular real de valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, cuando superen conjuntamente los 50.000 €. Quedando exentos los planes de pensiones.

3. Bienes inmuebles: Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, con su límite conjunto de 50.000 €.

Solo deberás presentarlo en aquellos ejercicios en los que cualquiera de los tres tipos de activos (cuentas bancarias, valores o bienes inmuebles) haya incrementado su valoración en 20.000 € en relación a la valoración informada en el modelo 720 presentado.

También, tendrás que volver a presentar el modelo 720 cuando vendas un inmueble o canceles una cuenta previamente declarada.

La declaración de bienes en el extranjero se presenta entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Suministrando siempre la información relativa al ejercicio inmediatamente anterior.

Esta declaración se presenta exclusivamente por vía telemática. Para poder presentar el Modelo 720 es imprescindible tener un Certificado Digital o cualquier otra forma de identificación electrónica segura aceptada por la AEAT.

Por regla general, no se debe presentar el Modelo 720 cuando no se superen los 50.000 € de valor en ninguno de los bloques de la declaración. Si en cualquiera de ellos, ya sea individual o colectivamente (por ejemplo, en caso de cotitularidad de cuentas o inmuebles) se superan los 50.000 €, entonces persiste la obligación de presentar.

Tampoco, cuando tratándose de una persona jurídica, estos activos se encuentren reflejados en la contabilidad de la misma, siempre que se hallen debidamente identificados e individualizados. Esta exención exonera al titular (persona jurídica), pero no a los autorizados, apoderados, responsables…

Por lo tanto, esta exención exime a las personas jurídicas de la obligación de declarar el Modelo 720, siempre que los activos se encuentren reflejados en su contabilidad de forma correcta.

Como hemos visto anteriormente, existe obligación de informar cuando se supere el límite de los 50.000 euros (y no concurra ninguna de las excepciones) con independencia del número de titulares sobre el mismo. Si cumples con este requisito, deberás presentar este modelo ante Hacienda.

También, destacar que solo estarás obligado a volver a presentar el modelo 720 cuando: Cierres una cuenta o haya un incremento del valor de tus bienes.

Existen consecuencias relacionadas con el modelo 720 con el fin de evitar el fraude fiscal. Podemos diferenciar la multa dineraria en dos tipos:

- Si no se formaliza el modelo 720 cuando se tiene la obligación de hacerlo: La sanción es de 5.000 por cada bien o derecho que no se haya declarado cuando se tenga la obligación clara de ello. Además, la sanción puede ascender a 10.000 euros por cada tres conjuntos.

- Si se ha presentado el modelo 720, pero se ha formalizado de forma incorrecta, por ejemplo, estar fuera de plazo sin previo requerimiento: La multa será de 100 euros por cada conjunto que se presente con un mínimo de 1500 euros.

Requisitos y obligaciones para capitalizar el paro.

Si ya estás cobrando el paro y estás pensando en emprender para conseguir así un empleo, la capitalización del paro puede ser una gran oportunidad para ti.

A continuación, te contaremos qué es, cómo puedes hacer la solicitud y cuáles son los requisitos para hacerlo. Todo lo que necesitas saber para aprovechar esta prestación económica y arrancar un proyecto de crear empresa o ser autónomo.

La capitalización del desempleo es una medida aprobada por el Gobierno, para fomentar y facilitar el autoempleo entre los desempleados, que consiste en recibir todo el importe pendiente de la prestación por desempleo.

Es decir, se recibe todo lo que te quede (o una parte) por cobrar para poder invertir ese dinero en el inicio de una actividad laboral como trabajador por cuenta propia.

Cuando hablamos de modalidades de capitalización del paro, hablamos de cómo puedes decidir cobrar el dinero que normalmente te llegaría en cómodas mensualidades. A día de hoy existen dos opciones igual de válidas que buscan amoldarse al máximo posible a tu situación y a las que podrás acogerte sin ningún tipo de problema.

1. Si tu nueva actividad requiere de una inversión económica, podrás financiar hasta el 100% de la cantidad que te quedaba por percibir de tu prestación contributiva por desempleo. ¿Y si no lo necesitas todo? En ese caso podrás coger el porcentaje que necesites e ir cobrando el resto mes a mes en forma de compensación de las cuotas de autónomos, una opción que te aliviará bastante los inicios.

2. En caso de no necesitar ningún tipo de inversión, podrás dedicar el 100% de tu capitalización a ir pagando dichas cuotas mensuales.

3. Combinación de paro y cuotas. Los autónomos pueden también escoger la opción de capitalizar una parte de su prestación y percibir el resto en forma de bonificación de sus cuotas durante los primeros meses”

Podrá capitalizar el paro toda persona que, en esas circunstancias, busque:

- Empezar una actividad como autónomo, ya sea de forma individual, en comunidad de bienes o desde una sociedad civil.

- Constituir o incorporarse directamente en una sociedad de carácter mercantil como, por ejemplo, una sociedad limitada, una sociedad anónima no laboral, etc.

- Constituir o incorporarse como socio trabajador o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales de forma estable.

Los requisitos y condiciones para poder solicitar el pago son las siguientes:

- Ser persona beneficiaria de la prestación contributiva por desempleo por cese total y definitivo de una relación laboral.

- No estar dado de alta en la Seguridad Social ni haber iniciado la actividad económica.

- Tener pendiente de recibir, como mínimo, 3 mensualidades de la prestación por desempleo. En el caso de personas beneficiarias de la prestación por cese de actividad es necesario que tengan pendiente de recibir al menos 6 meses.

- No haber pedido la prestación por desempleo en los últimos 4 años.

- No haber impugnado tu despido, ya que hasta que no se resuelva el expediente no podrás pedir la capitalización.

- No haber compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por desempleo en los 24 meses anteriores a la solicitud.

- Que el socio/a haya superado el periodo de prueba en las cooperativas si existiese este en los estatutos.

- Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución que conceda la prestación, y siempre en fecha posterior a la solicitud. No obstante, una vez realizada la solicitud, se puede iniciar la actividad y darse de alta en la Seguridad Social antes de la resolución del pago.

En cuanto a las obligaciones, tendrás que:

- Iniciar la actividad en el plazo máximo de 1 mes, una vez percibido el importe de la prestación.

- Mantener la actividad 5 años para que el pago esté exento de tributar en IRPF, sino se debe tributar por él.

- Presentar la documentación necesaria y la acreditación de inicio de actividad que solicita el SEPE.

El momento de la solicitud la capitalización del paro debe ser anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa, sociedad laboral, sociedad mercantil (como socio) o a la del inicio de la actividad por cuenta propia.

Es necesario justificar la solicitud con la inversión del inicio de una actividad en el plazo de un mes desde que se recibe el importe de la prestación. Si esta justificación o documentación no es entregada, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) puede reclamarte la devolución de la ayuda.

La solicitud de la capitalización de desempleo se debe llevar a cabo presentando la solicitud en el SEPE, a través de la sede electrónica, en una oficina presencial con cita previa, en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo.

Puedes pedirla en cuanto tengas derecho a la prestación por desempleo o en cualquier momento posterior, siempre y cuando te queden por cobrar al menos 3 mensualidades.

Las inversiones deben estar incluidas sin IVA, ya que la prestación no subvenciona el IVA soportado.

Por lo tanto, necesitarás entregar los siguientes documentos:

1. Solicitud del pago para la capitalización del desempleo.

2. Memoria del proyecto de la actividad a desarrollar y su inversión.

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