El canal de denuncias surge como medida para proteger a todas las personas que denuncian o informan sobre casos de corrupción, fraude o violaciones de las leyes en los países de la UE.
Estos canales de denuncia van a estar protegidos para evitar que se produzcan represalias contra las personas denunciantes.
Las compañías obligadas a crear estos canales de denuncia son:
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Personas físicas o jurídicas con empresas de 50 o más personas empleadas.
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Empresas pertenecientes al sector financiero o personas jurídicas que, aunque no tengan domicilio en España, desarrollen actividades mediante sucursales o agentes sin domicilio permanente.
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Partidos políticos, sindicatos, patronales o fundaciones creadas por los mismos que reciban fondos públicos.
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Grupos de sociedades.
El pasado 13 de junio finalizó la fecha límite para crear canales de denuncia en compañías con plantillas de más de 249 personas.
La próxima fecha límite está establecida para el 1 de diciembre de 2023 para empresas de más de 50 personas en plantilla.
La Inspección de trabajo comenzará a multar en tres meses a las empresas que no cuenten con el canal de denuncias efectivo.